10/08/2026
Tenemos más de 10 años con una norma bastante clara que permite que el Estado cobre a servidores o funcionarios gastos que pueda tener por negligencia en sus labores. Desde que entró en vigor la Ley 107-13 eso está debidamente abordado. Incluso, ahora con la nueva Ley de Contrataciones Públicas, queda más claro que generarle pérdidas al Estado es una falta disciplinaria y la sanción puede incluir la reparación del daño.
El asunto no es ni ha sido la norma, sino la falta de interés en utilizar las herramientas para lograr que el Estado no cargue con pagos innecesarios. Ahora bien, para ser justo, hay que decir que muchas veces la responsabilidad puede estar muy diluida por ineficiencias estructurales de la administración y eso puede hacer difícil el cobro a una persona en particular.
¿La solución es que nadie pague las consecuencias? Creo que lo ideal es identificar a todos los posibles involucrados para animarlos a hacer eficiente a cada institución y que eso reduzca la cantidad de sentencias que condenan por malas actuaciones estatales. No puede ser responsable solo el último que firma, sino que debemos tener en cuenta toda la cadena del proceso.
