19/09/2024
Continuamos con la inseguridad en nuestro país derivado del Narco Estado/ Narco Gobierno que según los políticos ticos inició hace 2 años. Debemos aclarar de nuevo que nuestro sistema de gobierno es una REPÚBLICA y no una DEMOCRACIA. La democracia es solo la forma de elección de los representantes en la República.
En la teoría clásica de Montesquieu, los poderes del Estado deben estar claramente separados para garantizar el equilibrio y evitar abusos. Esta separación debe mantener cada poder independiente del otro. Sin embargo, en Costa Rica, esa separación parece difusa.
La Asamblea Legislativa no solo crea las leyes, sino que también nombra a los magistrados del Poder Judicial, lo que genera una peligrosa falta de independencia en la administración de justicia. Esta dependencia permite que el Ejecutivo y Legislativo intervengan en los casos judiciales, creando una "red de cuido" para proteger a los políticos y sus intereses. Así, los responsables de legislar y gobernar también influyen en quiénes los juzgarán, comprometiendo la imparcialidad y favoreciendo la impunidad.
Por otro lado, el principio del Juez Natural, que en teoría debería asegurar que los casos sean juzgados por jueces establecidos y competentes, está siendo socavado por la creación de fiscalías especializadas. Estos organismos apartan los casos de los tribunales ordinarios, asignándolos a jueces específicos que, en muchos casos, manejan temas relacionados con corrupción y delitos de la casta política. Esto provoca que los procesos judiciales se vuelvan selectivos, y muchas veces, terminen en impunidad, permitiendo la consolidación del narcoestado/gobierno.
Análisis:
• Montesquieu, en su teoría de la división de poderes, afirmaba que la única manera de evitar la tiranía era separando las funciones del gobierno en poderes autónomos. Cuando los tres poderes del Estado no son realmente independientes, los controles mutuos desaparecen, y se abre la puerta para que uno o más poderes favorezcan sus propios intereses.
• La teoría del Juez Natural sostiene que cada persona debe ser juzgada por un juez ordinario competente, designado por la ley. Esto garantiza que no haya tribunales creados ad hoc para influir en los resultados. Sin embargo, en Costa Rica, el Poder Judicial ha generado una serie de fiscalías especializadas que permiten sacar los casos más delicados de su curso normal y asignarlos a jueces selectos. Este procedimiento, lejos de garantizar justicia, favorece la impunidad de ciertos actores políticos y económicos.
Si aspiramos a una verdadera justicia y democracia, es fundamental devolver la independencia a los poderes del Estado y garantizar que todos sean juzgados de manera justa y equitativa, sin distorsiones ni privilegios.
