28/08/2026
LA PELIGROSA TENDENCIA DE TRATAR A TODOS COMO DELINCUENTES.
El Estado de Derecho moderno se construyó sobre una máxima fundamental: la presunción de inocencia. La regla siempre ha sido clara: el ciudadano es inocente hasta que el Estado, mediante el debido proceso y con pruebas suficientes, logre demostrar lo contrario. Sin embargo, en Costa Rica estamos observando una tendencia preocupante. Cada vez son más frecuentes las iniciativas que parten de la lógica inversa: asumir la sospecha primero y exigir explicaciones después.
Esta preocupación no es teórica ni hipotética. Ya se está materializando en iniciativas concretas que avanzan en la corriente legislativa y regulatoria.
El ejemplo más reciente es el proyecto impulsado por el Ministerio de Hacienda que pretende otorgar a la Administración la potestad de embargar propiedades, cuentas bancarias, salarios y pensiones sin necesidad de una orden judicial previa. De aprobarse, el Estado podría actuar primero y el ciudadano tendría que defenderse después. La intervención judicial quedaría relegada a etapas posteriores, debilitando una garantía que existe precisamente para proteger a las personas frente a errores, abusos o arbitrariedades del poder público.
En la misma línea, una propuesta legislativa del Frente Amplio pretende obligar a los abogados defensores en casos de narcotráfico a demostrar el origen lícito de los fondos con los que sus clientes pagan sus honorarios cuando estos superen determinado monto. La lucha contra el crimen organizado es indispensable, pero exigir al abogado que fiscalice a su propio cliente implica partir de la sospecha antes que de la evidencia y tensiona principios tan importantes como el derecho de defensa y el secreto profesional.
Pero esta lógica no se limita a los proyectos de ley.
Deténgase un momento a pensar en esto.
Hoy, para comprar un vehículo o una propiedad, un ciudadano común termina teniendo que rendir cuentas bajo leyes pensadas para combatir narcotraficantes, organizaciones terroristas y redes involucradas en la proliferación de armas de destrucción masiva. No porque exista una investigación, un indicio o una sospecha concreta en su contra, sino porque el sistema asume que todos deben ser sometidos al mismo nivel de escrutinio.
Ese es precisamente el problema de fondo.
Las excepciones dejan de ser excepciones y se convierten en la regla. La sospecha se normaliza. El trámite se multiplica. Y quienes nunca estuvieron cerca del problema que se pretende combatir terminan asumiendo el costo en forma de cargas, controles y señalamientos permanentes.
Es fácil respaldar estas medidas cuando pensamos que afectarán únicamente a "los malos". Pero las leyes se aplican a todos. Un sistema que permite actuar sin control judicial previo, que obliga a justificar constantemente la licitud de los recursos o que presume riesgos donde no existen, es un sistema que poco a poco desplaza el equilibrio entre libertad y control estatal.
La libertad rara vez desaparece de golpe. Normalmente se erosiona paso a paso, trámite a trámite, excepción a excepción. Por eso resulta tan importante reconocer lo que está ocurriendo antes de que terminemos bailando con aquello que hoy apenas creemos ver venir.
