Francisco De Paula Mosquera Bonilla

20/10/2026

Centros de Conciliación y Abogados de Insolvencia en la Mira de la Justicia Colombiana
Por: FRANCISCO DE PAULA MOSQUERA B. Abogado especialista en derecho administrativo.

​🚨 La Lupa de la Justicia sobre la Insolvencia:
¿Mecanismo de Salvamento o Herramienta de Fraude?
​El régimen de insolvencia en Colombia (Ley 1116 de 2006 para personas jurídicas y Régimen de Insolvencia de Persona Natural No Comerciante) nació con un fin noble: reorganizar finanzas, salvar deudores de buena fe y garantizar el recaudo de los acreedores.
​Sin embargo, las autoridades judiciales y administrativas (Fiscalía General de la Nación, Superintendencia de Sociedades y el Ministerio de Justicia) han intensificado las investigaciones sobre prácticas irregulares, fraudes e instrumentalización de la ley por parte de ciertos abogados y centros de conciliación.
​🔍 ¿Qué está investigando la Justicia Colombiana?
​Falsedad y Simulación de Pasivos: Creación de acreedores "fantasma" o deudas ficticias para alterar las mayorías en las votaciones de los acuerdos de pago.
​Ocultamiento de Patrimonio: Maniobras fraudulentas para alzar o traspasar bienes a terceros (testaferros) antes de iniciar el trámite insolvente.
​Malas Prácticas en Centros de Conciliación: Aceptación de solicitudes sin la debida verificación de requisitos legales o aval de propuestas que defraudan de manera evidente a la banca y acreedores públicos.
​Cobros Excesivos y Estafas: Abogados que promueven la insolvencia como un "borrón y cuenta nueva mágico", cobrando tarifas desproporcionadas a deudores vulnerables y llevándolos a cometer delitos sin saberlo.

​⚖️ Implicaciones y Riesgos Legales.
Abogados:
Sanciones disciplinarias por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, pérdida de tarjeta profesional e investigaciones penales por fraude procesal y falsedad en documento.
Centros de Conciliación:
Cancelación de licencias de funcionamiento por parte del Ministerio de Justicia y sanciones a conciliadores adscritos.
Deudores:
Nulidad del proceso de insolvencia, ejecución inmediata de embargos e investigación penal por alzamiento de bienes o estafa.

Mensaje para Ciudadanos, Empresarios y Abogados:

​La insolvencia NO es impunidad: Es un proceso legal diseñado bajo el principio estricto de la buena fe. Intentar engañar al sistema judicial o a los acreedores configura delitos penales.
​Asesoría Ética: Si eres deudor, acude a centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia y a abogados con ética profesional comprobada.
​Depuración del Sector: La intervención de la justicia es un paso necesario para proteger la figura de la conciliación y la estabilidad del sistema financiero en el país.

20/10/2026

20/10/2026

20/10/2026

FRANCISCO DE PAULA MOSQUERA B. ABOGADOS-AVALUADORES. Normas nacionales e internacionales. Expertos en urbanismo. R.A.A. miembros de la LONJA DE COLOMBIA. Especialista en dererecho administrativo, familia, civil, urbanístico. Contáctenos: 3017884914-3108081208

12/10/2026

11/10/2026

La ética y la legalidad en el ejercicio profesional: El peligro de los títulos falsos
​Obtener un título profesional con honestidad no es solo un requisito formal o un trámite académico; es el pilar fundamental que garantiza la competencia, la idoneidad y la confianza pública en el ejercicio de cualquier profesión. La formación universitaria y técnica exige sacrificio, rigor y el desarrollo de habilidades que protegen un bien superior: el bienestar, la salud, la seguridad y los derechos de la sociedad.
​Sin embargo, en los últimos años, los constantes descubrimientos de personas que ejercen carreras con títulos falsos (especialmente en áreas críticas como la salud, la ingeniería y el derecho) han encendido las alarmas institucionales. Este fraude no solo defrauda la buena fe de los empleadores y clientes, sino que pone en riesgo inminente la vida y el patrimonio de los ciudadanos, además de socavar la meritocracia.
​Análisis Administrativo
​Desde la perspectiva del derecho administrativo y disciplinario, la detección de un título falso conlleva consecuencias severas:
​Nulidad de actos: Se declara la nulidad absoluta de los títulos, registros profesionales y tarjetas profesionales obtenidos de manera fraudulenta.
​Inhabilidades e Incompatibilidades: Quienes incurran en esta conducta suelen enfrentar prohibiciones temporales o definitivas para contratar con el Estado o ejercer cargos públicos.
​Sanciones institucionales y corporativas: Las entidades públicas y privadas están obligadas a destituir o despedir al infractor mediante un debido proceso administrativo, imponiendo multas y reportando la falsedad a las autoridades competentes.
​Análisis Penal
​En el ámbito penal, este comportamiento no constituye una simple falta ética, sino la comisión de delitos graves contra la fe pública y el orden socioeconómico:
​Falsedad en documento público y/o privado: La creación, alteración o uso de diplomas, actas de grado y tarjetas profesionales falsas configura el delito de falsedad material o ideológica en documentos, con penas privativas de la libertad considerables.
​Fraude procesal: Si el título falso es presentado ante una entidad pública o privada para convalidar estudios, posesionarse en un cargo o inducir a error a un juez o funcionario, se configura un delito autónomo de fraude procesal.
​Ejercicio ilegal de la profesión: Quien actúe como profesional sin poseer el título legítimo incurre en este delito tipificado en los códigos penales, el cual se agrava si como consecuencia del ejercicio irregular se causan perjuicios materiales, lesiones o la muerte a terceros (por ejemplo, en el caso de falsos médicos o ingenieros).
​La lucha contra la usurpación de títulos requiere no solo de controles más estrictos y de la digitalización de registros académicos mediante tecnologías como la firma electrónica o blockchain, sino también de una cultura de integridad que revalorice el esfuerzo legítimo y castigue con todo el peso de la ley a quienes vulneran la confianza social.

06/10/2026

¿Los estudios de suelo que sustentan las licencias de construcción en Colombia realmente corresponden a las condiciones geotécnicas del predio y están siendo confrontados con las determinantes del POT? Destacar

30/09/2026

En Colombia, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) son instrumentos clave para la planeación del desarrollo municipal y distrital. Su adecuada articulación con los instrumentos de mayor jerarquía es fundamental para garantizar la coherencia, legalidad y efectividad de las decisiones sobre el uso del suelo y la ocupación del territorio.
​La articulación de los POT se debe realizar principalmente con los siguientes instrumentos de mayor jerarquía:
​1. La Constitución Política y la Ley:
​Constitución Política de Colombia: Los POT deben acatar los principios constitucionales, como el de la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la autonomía de las entidades territoriales.
​Ley 388 de 1997: Es la ley marco de ordenamiento territorial que define el objeto, los principios y la estructura de los POT. Cualquier disposición del POT debe estar en consonancia con esta ley.
​Ley 1454 de 2011 (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial - LOOT): Esta ley establece los principios rectores del ordenamiento territorial a nivel nacional y la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. Los POT deben integrar estos principios, como la sostenibilidad, la regionalización y la participación ciudadana.
​2. El Plan Nacional de Desarrollo (PND):
​El PND es la hoja de ruta del gobierno nacional y establece los objetivos, estrategias y metas a nivel del país.
​Los POT deben alinear sus políticas, programas y proyectos con los lineamientos del PND en temas como desarrollo económico, equidad social, sostenibilidad ambiental y gobernabilidad. Por ejemplo, si el PND prioriza la economía circular o la adaptación al cambio climático, el POT debe incluir disposiciones y proyectos que contribuyan a esos fines.
​3. Los Planes de Ordenamiento Territorial Departamentales (POTD):
​Aunque su implementación es reciente, los POT departamentales buscan coordinar los lineamientos de ordenamiento territorial a nivel regional.
​Los POT municipales deben respetar y complementar las directrices establecidas en el POTD, especialmente en asuntos de interés supramunicipal como la conectividad vial, la gestión de cuencas hidrográficas y la infraestructura regional.
​4. Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA):
​Los POMCA son instrumentos de mayor jerarquía que el POT en materia ambiental. Son formulados por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) o la autoridad ambiental competente.
​El POT debe incorporar las determinantes ambientales establecidas en los POMCA, tales como las áreas de protección, las zonas de ronda de los ríos, los planes de saneamiento y manejo de vertimientos, y los lineamientos para el uso sostenible del recurso hídrico.
​5. Instrumentos de Gestión del Riesgo de Desastres:
​El Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) y otros instrumentos de gestión del riesgo son de cumplimiento obligatorio y de jerarquía superior.
​El POT debe delimitar las zonas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo no mitigable, y establecer las restricciones de uso y ocupación del suelo en estas áreas. No puede permitir la construcción de nuevas viviendas o infraestructura en zonas de alto riesgo no mitigable.
​En resumen, la articulación de los POT a los instrumentos de mayor jerarquía se logra a través de:
​Determinantes de Ordenamiento: El POT debe incorporar, de manera obligatoria, las directrices y normas de superior jerarquía, como las establecidas en el POMCA o en la gestión del riesgo de desastres.
​Coherencia y Complementariedad: Las decisiones del POT no deben contradecir las políticas y objetivos de los planes de mayor escala. Por el contrario, deben ser el medio para concretar esos lineamientos en el ámbito local.
​Proceso de Formulación y Concertación: Durante la elaboración del POT, se deben realizar consultas y concertaciones con las diferentes entidades con competencias en el territorio (CAR, gobiernos departamentales, etc.) para asegurar la debida articulación.

17/08/2026

FRANCISCO DE PAULA MOSQUERA B. ABOGADOS-CONTADORES-AVALUADORES. Normas nacionales e internacionales. Expertos en urbanismo. R.A.A. miembros de la LONJA DE COLOMBIA. Especialista en dererecho administrativo, familia, civil, urbanístico, auditoria forense. Contáctenos: 3017884914-3108081208