01/05/2026
CASO LILI PINK, le puede pasar a cualquiera.
El problema no es que el Estado investigue.
El problema es cuando una medida cautelar empieza a parecerse demasiado a una condena anticipada.
El caso Lili Pink no debería leerse únicamente desde los memes, el morbo o la indignación del momento.
Debería abrir una conversación mucho más seria:
¿Qué pasa en Colombia cuando un proceso de extinción de dominio tarda años, mientras los bienes permanecen intervenidos de manera casi indefinida?
La extinción de dominio tiene una finalidad legítima: impedir que bienes de origen o destinación ilícita permanezcan en manos de quienes no pueden justificar su legalidad.
Pero una cosa es perseguir bienes ilícitos, y otra muy distinta es permitir que una medida cautelar se vuelva eterna.
Porque cuando el proceso no avanza con celeridad, la cautela deja de sentirse como una medida provisional y empieza a operar, en la práctica, como una sanción anticipada.
Ahí está la alerta.
No se trata de defender a una marca.
No se trata de atacar una investigación.
Se trata de mirar un problema estructural: Colombia tiene un procedimiento de extinción de dominio largo, pesado, muchas veces ineficiente y, de contera, profundamente injusto cuando no ofrece respuestas oportunas. Un Estado serio puede investigar.
Pero también debe resolver.
Porque la justicia que tarda demasiado, incluso cuando persigue fines legítimos, puede terminar pareciéndose peligrosamente a una forma de prejuzgamiento.
En derecho, las medidas cautelares deben ser excepcionales, proporcionales y temporales.
Cuando se vuelven indefinidas, el debate ya no es solo sobre los bienes: es sobre las garantías.
