03/09/2025
Comunicado a la Opinión Pública
Ruiz & Serrano LCS, defensa del joven Nicolás Gutiérrez, dentro de la investigación por el lamentable accidente ocurrido en Ocaña, en el que perdió la vida su amigo Camilo Carrillo, expresa su solidaridad y respaldo absoluto a las honorables juezas que han conocido del caso: tanto la juez de control de garantías como la juez de conocimiento.
Pese a que en el curso del proceso la defensa no ha compartido algunas de sus decisiones (como, la negativa de la nulidad evidente producto de la mala estructuración por parte de la Fiscalia de los hechos juridicamente relevantes, la vulneración al debido proceso y el no agotamiento de requisitos de procedibilidad), lo cierto es que reconocemos que todas sus providencias han estado siempre motivadas en derecho, fundamentadas razonadamente con lógica, con argumentos válidos y en estricto respeto de la Constitución y la ley.
Lamentamos profundamente los ataques personales y las campañas de desprestigio de las que han sido objeto estas funcionarias, los cuales se han suscitado como consecuencia de manifestaciones temerarias de sujetos procesales que, desconociendo los cauces propios del debate jurídico, han incitado al odio y a la desconfianza en la imparcialidad judicial. Tales actitudes han generado reacciones indebidas de algunos sectores de la comunidad, quienes (sin conocimiento técnico en derecho) han llegado a proferir insultos, amenazas y a exponer públicamente a las juezas y hasta a sus familiares, poniendo en riesgo su vida e integridad personal.
Frente a ello:
1. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que adopten las medidas necesarias que garanticen la seguridad de las juezas y sus familias.
2. Invitamos a la sociedad civil a rechazar categóricamente los ataques personales y a recordar que las diferencias frente a las decisiones judiciales deben tramitarse exclusivamente a través de los recursos y mecanismos legales previstos por el ordenamiento jurídico.
3. Hacemos un llamado respetuoso pero firme a los sujetos procesales, en especial a la Fiscalía y a la representación de víctimas, para que el debate se mantenga en el marco de la ley, la argumentación jurídica y la razón, y no desde el apasionamiento ni con expresiones viscerales que terminan desinformando a la sociedad.
En este caso, el vencimiento de términos constituye un desenlace evidente y previsto en la ley, de carácter objetivo y sin responsabilidad directa atribuible a persona alguna. Sin embargo, si se quisiera buscar un responsable, este debería encontrarse en las falencias de la investigación y en las dudas que aún persisten sobre la forma en la que ocurrieron los hechos. Trasladar esa responsabilidad a las juezas o sembrar dudas sobre su imparcialidad no solo es injusto, sino que debilita la confianza en la administración de justicia.
El compromiso de todas y todos los intervinientes debe ser con la verdad procesal, la solidez de los argumentos y el respeto al derecho, no con discursos que generan odio o confusión social
Finalmente, reiteramos nuestra confianza en la inocencia del señor Nicolás Gutiérrez y en la labor imparcial y garantista de las autoridades judiciales que conducen este proceso. El respeto a la justicia, a sus instituciones y a quienes la administran, es un deber de todos en una sociedad democrática
Ruiz & Serrano
