21/10/2016
Como lo prometido es deuda. Estuvimos ayer en el Palacio de Nariño radicando la recopilación de todas las propuestas que ustedes nos hicieron llegar.
Esta es nuestra forma de contribuir a que la paz no quede en las manos de unos pocos, sino de todos los colombianos. Aquí, más abajo transcribimos la carta enviada al presidente Juan Manuel Santos y las propuestas que quisimos que conociera:
19 de octubre de 2016
La Ciudad,
SR. JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
Bogotá D.C.
ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN
Respetado señor presidente.
Primeramente queremos felicitarlo por el gran reconocimiento que es el Premio Nobel de la Paz. Que este reconocimiento sea un impulso, y no un mero fin, para que por fin los colombianos vivamos en un país sin conflicto armado.
Siguiente a esto, sabemos el gran reto que enfrenta actualmente para conseguir, por fin, la dejación de armas con la guerrilla más antigua de este hemisferio; pero al igual que como usted lo expresó en su pasada alocución en televisión del viernes 7 de octubre, creemos que el triunfo del NO en el plebiscito no puede llevarnos a un sentimiento de frustración, sino que a “las crisis debemos encontrarle las oportunidades”.
Es la oportunidad para que los colombianos participemos en la construcción de la paz del país. Es importante que usted sepa, señor presidente, que no todos los que votaron por el NO pertenecen al Centro Democrático; que no todos los abstencionistas se negaron a votar porque sencillamente no les interesa este acuerdo; que no todos los que apoyaron y votaron por el SÍ están conformes con todo lo ahí convenido.
Si queremos tener una paz de todos y para todos, busquemos incluir la mayor cantidad de voces de los colombianos, independientemente de lo que hayan votado.
Por eso, le solicitamos que la renegociación no se haga incorporando una sola de las voces de la disidencia, representada en el partido ya mencionado, por el simple motivo que la gran mayoría de colombianos no estamos representados por ese partido.
Que haga partícipe a aquellos que nos interesa construir paz: a distintos movimientos sociales, grupos civiles o iniciativas privadas, como la que le habla.
Mediante nuestro canal de You Tube: youtube.com/activolegal quisimos hacer una labor netamente pedagógica, explicando cada uno de los puntos contenidos en este acuerdo de paz, que fueron vistos por cerca de 116.000 personas durante todo el mes de producción.
Ahora, luego de los resultados del Plebiscito le pedimos a todos las personas que nos vieron que participaran comentando qué es lo que les gusta y no les gusta del acuerdo, lo que pueden asumir y lo que no aceptan de ninguna manera.
Es así, que hemos reunido las propuestas de todos los colombianos que juiciosamente leyeron los acuerdos o vieron nuestros videos para redactar un documento para presentar a su despacho y que sea considerado como uno de los aportes de los colombianos preocupados e interesados en que el comienzo de La Paz para nuestro país sea una realidad.
Solicitamos ser escuchados, pero no solo mediante nuestro documento. Queremos reunirnos con usted o sus representantes frente a este tema, para que así como abrió en días pasados las puertas de su casa al Centro Democrático lo haga con nosotros: los colombianos que no estamos del lado del SÍ o del NO, ni representados por personas con poder político: los ciudadanos que sabe que con argumentos y una estrategia real de pedagogía se puede lograr La Paz.
De nuevo, le solicitamos que la paz no quede en pocas manos y hacemos hincapié en el siguiente poema del nadaista colombiano Gonzalo Arango:
Una mano
más una mano
no son dos manos
son manos unidas
une tu mano
a nuestras manos
para que el mundo no esté
en pocas manos
sino en todas las manos.
Propuestas ciudadanas para la mejora de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP
Estas son algunas de las propuestas ciudadanas más relevantes que recopilamos para mejorar y hacer conocer la voz ciudadana frente al Acuerdo entre el Gobierno y las FARC-EP
1. Reforma Rural Integral.
Aquí es importante que en la renegociación se asegure una protección o blindaje para las zonas que han sido explotadas por el grupo alzado en armas FARC-EP, con actividades de minería y la megaminería; además de asegurar la protección de los páramos, humedales y demás ecosistemas que quedarían desprotegidos de una explotación informal, luego del cese o la disminución de patrullaje por parte de las fuerzas militares.
También es importante que se dé un debate sobre la conveniencia para la seguridad ambiental, social y económica que pueden tener la llegada a estas zonas de conflictos proyectos de explotación con métodos bastante polémicos, como es el Fracking, o la creación de hidroeléctricas.
Aunque es rescatable que se cree un enfoque territorial a los Programas Especiales de Desarrollo Rural en su conjunto, no obstante, la apuesta al desarrollo comunitario y concentrarse solo en la empresa familiar, limitándola al minifundio, además de desaprovechar el recurso de la tierra y el recurso humano, representa un grave retroceso en el desarrollo de las zonas rurales. De igual manera, que los medios de investigación y de desarrollo tecnológico sean atendidos por el Estado, condenaría la política a la deficiencia y lentitud; al contrario de lo que se lograría con la participación de la investigación e inversión privada.
De esta manera, el desarrollo agrario debería basarse en un principio de libertad de escogencia entre lo que el campesino considere mejor para sus intereses, ya sea una economía comunitaria y familiar para la producción agraria o por un modelo de agroindustria que implica grandes inyecciones en inversión de capital y tecnología, que pueden ser otorgadas tanto por entidades estatales, como por empresas privadas. En últimas, el modelo de economía campesina familiar y comunitaria no puede ser la norma en las 7 millones de hectáreas en donde se aplicará la Reforma Rural Integral del acuerdo.
Por último, aunque se vuelve a destacar el enfoque territorial de la RRI, existen ciertos lineamientos centrales que impiden un eficaz y justo desarrollo agrario. Por ejemplo existe una planificación del campo, siendo el Estado (nacional o territorial) el que realiza su planificación estipulando para qué servirá cada zona campesina y cómo debe ser gestionada. En este punto también existe el problema de una propiedad privada condicionada, con la que se prohíbe enajenar o comprar la tierra, decidir de manera individual cómo se utilizará y en la que no se asegura su tenencia si luego de 7 años el proyecto aplicado no surte el producto esperado: una propiedad privada de la tierra no puede tener estos condicionantes.
2. Solución al narcotráfico
Una de las soluciones más radicales, pero lógicas de este documento, es que para encontrar una verdadera solución definitiva a las dr**as ilícitas y el narcotráfico, se debe realizar su legalización, ya sea de manera progresiva, comenzando por la ma*****na, o inmediata en su totalidad.
En cualquiera de las dos posturas se espera que se llegue a una legalización completa del producto que más aqueja al campo colombiano: la co***na; tanto en su producción, como comercialización y consumo.
La razón es que es básicamente su ilegalidad, la que hace de este mercado tan violento y al mismo tiempo lucrativo y que por lo tanto, se ha convertido en el motor de los grupos alzados en armas, los paramilitares y los actuales, al igual que de antaño, grupos de crimen organizado.
También, con la legalización de las dr**as se espera el ahorro de una gran participación del presupuesto que se destina específicamente al combate de su ilegalidad y a improductivas políticas públicas de erradicación (sea manual o aérea) y sustitución.
3. Participación política
La participación política de los representantes del partido que surja de la dejación de las armas de las FARC deben obedecer las mismas reglas que cualquier otro miembro de otro partido político.
Esto es que no es posible que un confeso de crímenes de lesa humanidad pueda ser elegido en elecciones políticas, por motivo a que este tipo de crímenes no pueden ser considerados de ninguna manera como un delito político o conexo a este.
Esto también significa que no es posible concederle a este nuevo partido político ningún número de curules en el Senado y Cámara de Representantes si estas no están representadas por el número necesario de votos suficientes para acceder a ellas.
4. Justicia Transicional
Este punto está muy ligado al anterior sobre participación política. En general, la ciudadanía que logramos convocar no se opone a la rebaja de p***s en un proceso de justicia transicional y tampoco a p***s sustitutivas a las carcelarias, pero estas mismas personas que hayan sido condenadas deben ser vetadas de participar en elecciones populares por cargos públicos, ya sea de la rama ejecutiva o legislativa.
Por último, quienes pasen por el proceso de justicia transicional y que no hayan acatado de manera estricta los llamados y deberes, no solo se les deberá revocar la reducción y sustitución de p***s, sino que tendrán que perder todos los demás beneficios del acuerdo como aquellos económicos y civiles para reinsertarse a la sociedad civil.
