07/08/2026
¿Estoy de acuerdo con indultar a los uniformados condenados por hechos del estallido social? Mi respuesta es no. Y la razón no es ideológica; es institucional.
En los últimos días, algunos parlamentarios han propuesto indultar a carabineros y militares condenados por delitos cometidos durante el estallido social. La idea se apoya en que habría existido una persecución política en su contra.
Pero ese argumento tiene un problema enorme.
Los mismos tribunales que absolvieron al cabo Sebastián Zamora y al capitán Claudio Crespo son los mismos tribunales que condenaron al capitán Patricio Maturana y a decenas de otros exuniformados.
Si realmente existiera una persecución judicial, ¿por qué esos mismos jueces absolvieron a unos y condenaron a otros?
La respuesta es simple: porque los tribunales resolvieron caso a caso, según la prueba.
Podemos discutir el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de la Fiscalía o del Consejo de Defensa del Estado. Pero quienes finalmente condenan o absuelven no son ellos. Son tribunales colegiados e independientes, cuyas decisiones, además, han sido revisadas y confirmadas por las Cortes.
Hay otra razón para rechazar estos indultos: la coherencia.
Hace apenas unos años, la derecha criticó con fuerza los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a condenados por delitos cometidos en el contexto del estallido social. Muchos compartimos esa crítica, porque un indulto no puede transformarse en una herramienta para dejar sin efecto decisiones judiciales.
No se puede sostener que los indultos eran inaceptables cuando beneficiaban a unos, pero ahora sean correctos cuando favorecen a quienes son políticamente cercanos.
El Estado de Derecho exige respetar las absoluciones cuando las hay y también las condenas cuando han sido dictadas conforme a derecho. Defender la independencia judicial significa aceptar ambas, no solo las que coinciden con nuestras preferencias políticas.
Porque apoyar a Carabineros no significa justificar delitos. Significa respaldar a la institución y, al mismo tiempo, exigir que quien abuse de su poder responda ante la justicia, como cualquier ciudadano.
