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Abogada - Auditora Jurรญdica Procesos Familiares de: Divorcio, Asistencia Familiar, Division y Particion de Bienes Gananciales, Negacion de Paternidad, Filiacion Judicial, etc.

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28/07/2026

Jurisprudencia en distintas รกreas

Derecho penal

1. La SCP 0341/2026-S2 de 13 de marzo, desarrolla y exhorta al Ministerio Pรบblico a que: โ€œโ€ฆen casos en los cuales la investigaciรณn dependa de la declaraciรณn de un menor de edad y cuyo trasfondo impliquen desavenencias familiares, la investigaciรณn se extienda a la posible influencia de familiares; de forma que la autoridad competente, ademรกs de confrontar el contenido de la declaraciรณn con elementos objetivos, tambiรฉn pueda atender a la credibilidad de la declaraciรณnโ€ฆโ€.
2. La SCP 0256/2026-S2 de 9 de marzo, establece lรญmites al principio de informalidad que establece la Ley 348, de forma que las autoridades judiciales ya no pueden resolver contra la garantรญa de la no reforma en perjuicio, asรญ se establece que: โ€œDe lo anterior se concluye que, en audiencia de medidas cautelares, el representante del Ministerio Pรบblico podrรก ampliar, reforzar o detallar los fundamentos ya expuestos en la imputaciรณn formal; sin embargo, no podrรก incorporar un riesgo procesal nuevo que no haya sido previamente anunciado en dicho acto conclusivo. Lo contrario supondrรญa someter al imputado a un cuadro acusatorio incierto y variable, respecto del cual no tuvo oportunidad de preparar su estrategia de defensaโ€ los jueces y vocales no pueden resolver contra la garantรญa de la non reformatio in peiusโ€.
3. La SCP 0116/2026-S2 de 24 de febrero, reflexiona sobre la naturaleza jurรญdica de las medidas de protecciรณn en materia penal, estableciendo que las medidas que afecten significativamente la vida familiar y laboral del imputado como el desalojo del domicilio, deben en lo posible adoptarse en audiencia, ademรกs: โ€œโ€ฆpueden ser modificadas o revocadas cuando sobrevengan nuevas circunstancias que demuestren la inexistencia originaria de los presupuestos o la cesaciรณn del riesgo que las motivรณโ€ฆโ€.
4. La SCP 0265/2026-S2 de 9 de marzo, refiere a que la auditorรญa jurรญdica para determinar las causas de la duraciรณn mรกxima del proceso puede realizarse segรบn la complejidad del caso por peritos, asimismo: โ€œโ€ฆlas partes procesales, pueden solicitar la realizaciรณn de peritajes o en su caso de auditorรญa jurรญdica si asรญ lo consideren necesario, no solo para determinar e identificar si existen actos u omisiones dilatorias que interesan al proceso penal y a la resoluciรณn de este tipo de casos sino para, en caso de corresponder, iniciar los procesos correspondientesโ€ a quienes son responsables de la dilaciรณn.
5. La SCP 0120/2026-S2 de 24 de febrero, reflexiona sobre sesgos cognitivos y la improcedencia de analizar la probabilidad de autorรญa del art. 233.1 del CPP durante el juicio oral y la etapa de recursos.
6. La SCP 0021/2026-S2 de 12 de febrero, reflexiona sobre el estรกndar de fundamentaciรณn que hace la resoluciรณn que resuelve una objeciรณn al rechazo de la acciรณn penal, es decir: โ€œโ€ฆlas resoluciones que analizan la objeciรณn al rechazo de denuncia, corresponde a los fiscales departamentales determinar si la investigaciรณn fue completa, se tiene que, la ausencia de valoraciรณn sobre ciertos indicios o pruebas alegados por las partes no constituye motivaciรณn o fundamentaciรณn insuficiente, salvo que se acredite que las mismas permiten demostrar la existencia de una investigaciรณn cuya continuidad no sea necesaria, pese a que existan actos de investigaciรณn pendientesโ€.
7. La SCP 0292/2026-S2 de 9 de marzo, desarrolla la prohibiciรณn de utilizar cรกmaras de vigilancia escondidas en celdas de centros penitenciarios, en los cuales se producen visitas conyugales.
8. La SCP 0571/2026-S2 de 8 de abril, establece que el deber de la debida diligencia en la investigaciรณn no sรณlo y รบnicamente se aplica a casos de grupos vulnerables sino en todas las investigaciones penales.
9. La SCP 0310/2026-S2 de 10 de marzo, recuerda sobre la actuaciรณn de abogados en juicio que: โ€œโ€ฆla declaratoria de abandono malicioso no constituye una consecuencia automรกtica, sino el resultado de una valoraciรณn que exige verificar la inasistencia injustificada con fines dilatoriosโ€ y que considerar una conducta como injustificada presupone necesariamente otorgar la posibilidad real de justificarla.
10. La SCP 0062/2026-S2 de 18 de febrero, exhorta a Rรฉgimen Penitenciario respecto a niรฑos y niรฑas que se encuentran recluidos con sus progenitores en centros penitenciarios a: โ€œโ€ฆi) Garantizar la implementaciรณn de espacios aledaรฑos a los centros penitenciarios de mujeres, destinados a centros de desarrollo infantil o guarderรญas, asรญ como salas-cuna, ii) Disponer la asignaciรณn de una partida presupuestaria destinada a la alimentaciรณn diferenciada de los niรฑos acompaรฑantes de adultos privados de libertad; y, iii) Asignar servicios sanitarios con mรฉdicos pediatras que supervisen el desarrollo de los niรฑos acompaรฑantes de privados de libertadโ€.
11. La SCP 0277/2026-S2 de 9 de marzo, reflexiona sobre la diferencia entre contratos criminalizados y el incumplimiento civil, al sostener que: โ€œโ€ฆlos contratos denominados criminalizados no surgen del simple incumplimiento de obligaciones contractuales sino de la instrumentalizaciรณn fraudulenta del negocio jurรญdico mediante engaรฑos antes o al momento de la celebraciรณn del contrato; por lo que, para desvirtuar el delito de estafa no resulta suficiente con demostrar la existencia de un contrato, sino que resulta necesario analizar en estos casos la existencia de un engaรฑo precedente o concomitante para lo cual incluso se debe analizar el comportamiento del imputado antes y durante la suscripciรณn del contrato cuestionado a efectos de justificar y fundamentar la existencia o ausencia de este tipo de contratosโ€.
12. La SCP 0271/2026-S2 de 9 de marzo, en el marco del plazo previsto en el art. 291.I inc. c) del CNNA distingue entre plazos procesales y plazos de duraciรณn de la privaciรณn de libertad en la jurisprudencia constitucional.
13. La SCP 0514/2026-S2 de 1 de abril, sobre la presencia del imputado a la audiencia de consideraciรณn de apelaciรณn de medidas cautelares sostiene que: โ€œโ€ฆsi bien el sistema procesal penal admite que la incomparecencia del imputado no sometido a detenciรณn preventiva a la audiencia de fundamentaciรณn de un recurso de apelaciรณn incidental pueda ser entendida como una renuncia tรกcita al ejercicio de su defensa material; no obstante, dicho entendimiento resulta razonable รบnicamente cuando es el propio imputado quien promueve el recurso, pues, siendo de su exclusivo interรฉs la modificaciรณn de la decisiรณn impugnada (โ€ฆ) Distinta es la situaciรณn cuando el recurso de apelaciรณn ha sido interpuesto por el Ministerio Pรบblico, la vรญctima o el acusador particular con la finalidad de modificar una decisiรณn favorable al imputadoโ€ฆโ€.
14. La SCP 0543/2026-S2 de 8 de abril, desarrolla el derecho de acceso a la informaciรณn oportuna de familiares sobre la salud de personas privadas de libertad.
15. La SCP 0608/2026-S2 de 9 de abril, refiere a una garantรญa bรกsica del proceso penal como es la presunciรณn de inocencia de forma que la polรญtica de la lucha contra la violencia hacia la mujer: โ€œโ€ฆno implica que se prescinda de la garantรญa del debido proceso y su elemento presunciรณn de inocencia en este tipo de procesos judicialesโ€.

Derecho laboral

16. La SCP 0020/2026-S2 de 12 de febrero, establece en materia laboral que mediante la excepciรณn de impersonerรญa no puede determinarse o desvirtuarse la existencia de una relaciรณn laboral.
17. La SCP 0192/2026-S2 de 2 de marzo, reflexiona sobre casos con imposibilidad material de reincorporaciรณn laboral, estableciendo que: โ€œโ€ฆpueden presentarse situaciones que tornen materialmente inviable su cumplimiento, tales como la conclusiรณn definitiva de la obra o actividad que dio origen al vรญnculo laboral, que la empresa entre en liquidaciรณn por quiebra, la desapariciรณn del puesto de trabajo o cualquier modificaciรณn estructural que imposibilite la continuidad efectiva de la relaciรณn laboralโ€.

Derecho probatorio

18. La SCP 0219/2026-S2 de 3 de marzo, es un ejemplo de hecho notorio en el razonamiento judicial.

Derecho civil y familiar

19. La SCP 0343/2026-S2 de 13 de marzo, hace referencia a la imposibilidad de plantear excepciones por un tercero antes de la admisiรณn de la demanda.
20. La SCP 0203/2026-S2 de 2 de marzo, hace referencia al control parental de la administraciรณn de bienes de menores de edad, es decir, se reconoce que: โ€œโ€ฆpadres y madres cuentan con los mecanismos legales establecidos tanto por el Cรณdigo de las Familias y del Proceso Familiar, como por el Cรณdigo Niรฑa, Niรฑo y Adolescente, para realizar el control de la administraciรณn de bienes e intereses patrimoniales de sus hijos menores de edad cuando รฉstos devengan de la disoluciรณn matrimonial, hayan sido cedidos a favor de los mismos por uno de los progenitores o se haya acordado de esa manera, siendo tarea de las autoridades judiciales materializar esos instrumentosโ€ฆโ€.
21. La SCP 0601/2026-S2 de 9 de abril, desarrolla el deber de los propietarios de coordinar y en su caso comunicar oportunamente sobre trabajos de reparaciรณn del inmueble en el que viven sus anticresistas, inquilinos, etc.

Asimismo, se recuerda respecto a la jurisprudencia que:

22. La SCP 0013/2026-S2 de 4 de febrero, recuerda sobre la facultad optativa del Juez de poder otorgar o no el beneficio de suspensiรณn condicional de la pena pudiรฉndose considerar por ejemplo que si resarciรณ o no los daรฑos y perjuicios a la vรญctima.
23. La SCP 0579/2026-S2 de 8 de abril, recuerda que cuando se plantea la acciรณn de inconstitucionalidad concreta y รฉsta no se tramita corresponde quejarse a la Comisiรณn de Admisiรณn del Tribunal Constitucional Plurinacional.
24. La SCP 0378/2026-S2 de 19 de marzo, reflexiona sobre la diferencia entre la acciรณn de amparo constitucional y la acciรณn de cumplimiento.
25. La SCP 0365/2026-S2 de 19 de marzo, recuerda que no es posible utilizar la acciรณn popular para dejar sin efecto resoluciones judiciales en este sentido siguiendo la SCP 1268/2025-S2 de 27 de octubre, establece: โ€œโ€ฆno faculta a promover la acciรณn popular para controvertir decisiones judiciales en casos en los que se hubiera afectado la garantรญa del debido proceso en cualquiera de sus elementos, debido a la naturaleza individual y subjetiva del citado derecho y porque aceptar la acciรณn popular contra resoluciones judiciales, sean civiles, agroambientales, penales, etc., en este tipo de casos afectarรญa la seguridad jurรญdica en la medida en la que esta acciรณn tutelar no se rige por el principio de inmediatez ni subsidiariedad; por lo que, para denunciar la garantรญa del debido proceso en el desarrollo y conclusiรณn de un proceso judicial o administrativo, la vรญa idรณnea es la acciรณn de amparo constitucional (โ€ฆ) y no deberรญa distorsionarse su objeto de protecciรณnโ€.
26. La SCP 0511/2026-S2 de 1 de abril, ratifica la posibilidad de plantear la acciรณn de libertad para recuperar cuerpos de fallecidos en hospitales por el no pago de honorarios.
27. La SCP 0415/2026-S2 de 23 de marzo, establece que los funcionarios provisorios o de libre nombramiento no pueden ser destituidos sin previo aviso.

02/07/2026

DELITOS DE ACCIร“N PRIVADA - FUNCIONARIOS PรšBLICOS

El ๐€๐ฎ๐ญ๐จ ๐’๐ฎ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฆ๐จ ๐Ÿ”๐Ÿ–๐Ÿ’/๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ”-๐… ๐๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ ๐๐ž ๐š๐›๐ซ๐ข๐ฅ, donde el Tribunal Supremo de Justicia declarรณ fundado el recurso de casaciรณn interpuesto por el imputado y ๐๐ž๐ฃ๐จฬ ๐ฌ๐ข๐ง ๐ž๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐จ el Auto de Vista impugnado, al determinarse que el Tribunal de apelaciรณn eludiรณ resolver el fondo del reclamo sobre la errรณnea aplicaciรณn de la ley sustantiva (๐ฌ๐ฎ๐›๐ฌ๐ฎ๐ง๐œ๐ข๐จฬ๐ง ๐๐ž ๐ฅ๐š ๐ข๐ง๐ฃ๐ฎ๐ซ๐ข๐š) y convalidรณ una sentencia condenatoria penalizando una denuncia ciudadana contra un funcionario pรบblico por corrupciรณn.

๐„๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐š๐œ๐ข๐จฬ๐ง ๐๐ž๐ฅ ๐„๐ฅ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐’๐ฎ๐›๐ฃ๐ž๐ญ๐ข๐ฏ๐จ (๐€๐ง๐ข๐ฆ๐ฎ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐ฃ๐ฎ๐ซ๐ข๐š๐ง๐๐ข):

El Tribunal bajo una lรณgica de estricta subsunciรณn primando el principio de legalidad, exige la acreditaciรณn del dolo especรญfico o animus injuriandi (intenciรณn deliberada de ofender o menoscabar la dignidad).

๐„๐ฑ๐œ๐ฅ๐ฎ๐ฌ๐ข๐จฬ๐ง ๐๐ž ๐“๐ข๐ฉ๐ข๐œ๐ข๐๐š๐: La tipicidad desaparece si la conducta se realiza con animus criticandi (รกnimo de criticar), animus jocandi (รกnimo de bromear) o animus narrandi (รกnimo de informar). En el caso concreto analizado por esta Sala Penal, ๐™จ๐™š ๐™š๐™จ๐™ฉ๐™–๐™—๐™ก๐™š๐™˜๐™š ๐™ฆ๐™ช๐™š ๐™š๐™ก ๐™ช๐™จ๐™ค ๐™™๐™š ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™ข๐™ž๐™ฃ๐™ค๐™ก๐™ค๐™œ๐™žฬ๐™– ๐™ฉ๐™šฬ๐™˜๐™ฃ๐™ž๐™˜๐™– ๐™ฎ ๐™™๐™š๐™จ๐™˜๐™ง๐™ž๐™ฅ๐™ฉ๐™ž๐™ซ๐™– ๐™ฅ๐™–๐™ง๐™– ๐™™๐™š๐™ฃ๐™ช๐™ฃ๐™˜๐™ž๐™–๐™ง ๐™ž๐™ง๐™ง๐™š๐™œ๐™ช๐™ก๐™–๐™ง๐™ž๐™™๐™–๐™™๐™š๐™จ ๐™ค ๐™›๐™ง๐™–๐™ช๐™™๐™š๐™จ, ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™ฉ๐™ช๐™ฎ๐™š ๐™ช๐™ฃ๐™– ๐™ค๐™—๐™ก๐™ž๐™œ๐™–๐™˜๐™ž๐™คฬ๐™ฃ ๐™˜๐™ž๐™ช๐™™๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™– ๐™™๐™š ๐™™๐™š๐™ฃ๐™ช๐™ฃ๐™˜๐™ž๐™–๐™ง (๐™–๐™ง๐™ฉ. 108.8 ๐˜พ๐™‹๐™€). ๐™‹๐™ค๐™ง ๐™ฉ๐™–๐™ฃ๐™ฉ๐™ค, ๐™ฃ๐™ค ๐™ฅ๐™ช๐™š๐™™๐™š ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™ฉ๐™ช๐™ž๐™ง๐™จ๐™š ๐™š๐™ฃ ๐™™๐™š๐™ก๐™ž๐™ฉ๐™ค ๐™™๐™š ๐™„๐™ฃ๐™Ÿ๐™ช๐™ง๐™ž๐™–.

๐‹๐ขฬ๐ฆ๐ข๐ญ๐ž๐ฌ ๐š๐ฅ ๐๐จ๐๐ž๐ซ ๐๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐ฒ ๐Œ๐š๐ฒ๐จ๐ซ ๐”๐ฆ๐›๐ซ๐š๐ฅ ๐๐ž ๐“๐จ๐ฅ๐ž๐ซ๐š๐ง๐œ๐ข๐š (๐„๐ฌ๐ญ๐šฬ๐ง๐๐š๐ซ ๐‚๐ˆ๐ƒ๐‡):

Bajo la jurisprudencia convencional (casos Kimel, Tristรกn Donoso y Ricardo Canese), sฬฒeฬฒ eฬฒsฬฒtฬฒaฬฒbฬฒlฬฒeฬฒcฬฒeฬฒ qฬฒuฬฒeฬฒ lฬฒoฬฒsฬฒ ๐Ÿฬฒ๐ฎฬฒ๐งฬฒ๐œฬฒ๐ขฬฒ๐จฬฒ๐งฬฒ๐šฬฒ๐ซฬฒ๐ขฬฒ๐จฬฒ๐ฌฬฒ ๐ฉฬฒ๐ฎฬฒฬ๐›ฬฒ๐ฅฬฒ๐ขฬฒ๐œฬฒ๐จฬฒ๐ฌฬฒ ๐žฬฒ๐ฌฬฒ๐ญฬฒ๐šฬฒฬ๐งฬฒ ๐ฌฬฒ๐ฎฬฒ๐ฃฬฒ๐žฬฒ๐ญฬฒ๐จฬฒ๐ฌฬฒ ๐šฬฒ ๐ฎฬฒ๐งฬฒ ๐ฆฬฒ๐šฬฒ๐ฒฬฒ๐จฬฒ๐ซฬฒ ๐žฬฒ๐ฌฬฒ๐œฬฒ๐ซฬฒ๐ฎฬฒ๐ญฬฒ๐ขฬฒ๐งฬฒ๐ขฬฒ๐จฬฒ ๐ฌฬฒ๐จฬฒ๐œฬฒ๐ขฬฒ๐šฬฒ๐ฅฬฒ yฬฒ oฬฒsฬฒtฬฒeฬฒnฬฒtฬฒaฬฒnฬฒ uฬฒnฬฒ mฬฒaฬฒrฬฒgฬฒeฬฒnฬฒ dฬฒeฬฒ pฬฒrฬฒoฬฒtฬฒeฬฒcฬฒcฬฒiฬฒoฬฒฬnฬฒ aฬฒlฬฒ hฬฒoฬฒnฬฒoฬฒrฬฒ mฬฒaฬฒฬsฬฒ rฬฒeฬฒdฬฒuฬฒcฬฒiฬฒdฬฒoฬฒ eฬฒnฬฒ aฬฒsฬฒuฬฒnฬฒtฬฒoฬฒsฬฒ dฬฒeฬฒ iฬฒnฬฒtฬฒeฬฒrฬฒeฬฒฬsฬฒ pฬฒuฬฒฬbฬฒlฬฒiฬฒcฬฒoฬฒ.

๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐จ ๐๐ž ๐‘๐ž๐š๐ฅ ๐Œ๐š๐ฅ๐ข๐œ๐ข๐š:Para activar la antijuridicidad penal en crรญticas a la gestiรณn pรบblica, ๐™™๐™š๐™—๐™š ๐™™๐™š๐™ข๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™–๐™ง๐™จ๐™š ๐™ช๐™ฃ ๐™ฉ๐™š๐™ข๐™š๐™ง๐™–๐™ง๐™ž๐™ค ๐™™๐™š๐™จ๐™ฅ๐™ง๐™š๐™˜๐™ž๐™ค ๐™ฅ๐™ค๐™ง ๐™ก๐™– ๐™ซ๐™š๐™ง๐™™๐™–๐™™ y no solo la inexactitud de la informaciรณn. Exigir que el ciudadano agote la prueba de veracidad antes de denunciar genera un ๐ž๐Ÿ๐ž๐œ๐ญ๐จ ๐ข๐ง๐ก๐ข๐›๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ข๐จque silencia el control social y la transparencia estatal, convirtiendo el derecho penal en un ejercicio de censura desproporcionado.

๐—–๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—น๐˜‚๐˜€๐—ถ๐—ผฬ๐—ป
El juzgamiento de delitos de acciรณn privada contra el honor, cuando involucra a funcionarios pรบblicos y denuncias de corrupciรณn, , ๐™ง๐™š๐™ฆ๐™ช๐™ž๐™š๐™ง๐™š ๐™ช๐™ฃ ๐™–๐™ฃ๐™–ฬ๐™ก๐™ž๐™จ๐™ž๐™จ ๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™œ๐™ง๐™–๐™ก ๐™ฆ๐™ช๐™š ๐™–๐™ง๐™ข๐™ค๐™ฃ๐™ž๐™˜๐™š ๐™š๐™ก ๐™ฅ๐™ง๐™ž๐™ฃ๐™˜๐™ž๐™ฅ๐™ž๐™ค ๐™™๐™š ๐™ก๐™š๐™œ๐™–๐™ก๐™ž๐™™๐™–๐™™ ๐™ฅ๐™š๐™ฃ๐™–๐™ก ๐™˜๐™ค๐™ฃ ๐™ก๐™ค๐™จ ๐™™๐™š๐™ง๐™š๐™˜๐™๐™ค๐™จ ๐™›๐™ช๐™ฃ๐™™๐™–๐™ข๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™–๐™ก๐™š๐™จ ๐™™๐™š ๐™ก๐™ž๐™—๐™š๐™ง๐™ฉ๐™–๐™™ ๐™™๐™š ๐™š๐™ญ๐™ฅ๐™ง๐™š๐™จ๐™ž๐™คฬ๐™ฃ ๐™š ๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™šฬ๐™จ ๐™ฅ๐™ชฬ๐™—๐™ก๐™ž๐™˜๐™ค ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™จ๐™–๐™œ๐™ง๐™–๐™™๐™ค๐™จ ๐™š๐™ฃ ๐™š๐™ก ๐™—๐™ก๐™ค๐™ฆ๐™ช๐™š ๐™™๐™š ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™ฉ๐™ช๐™˜๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ก๐™ž๐™™๐™–๐™™. La justicia penal no puede instrumentalizarse como un ๐™ข๐™š๐™˜๐™–๐™ฃ๐™ž๐™จ๐™ข๐™ค ๐™™๐™š ๐™˜๐™š๐™ฃ๐™จ๐™ช๐™ง๐™– ๐™š๐™จ๐™ฉ๐™–๐™ฉ๐™–๐™ก. Por tanto, los tribunales de alzada quedan constreรฑidos a emitir fallos debidamente motivados que evalรบen estrictamente la tipicidad objetiva y subjetiva (real malicia), garantizando que las resoluciones judiciales sean el resultado de un razonamiento explรญcito, verificable y respetuoso de la sana crรญtica.

28/04/2026

El Auto Supremo Nยฐ 1860/2025-F, emitido por el , fija un criterio jurisprudencial de gran relevancia para la correcta aplicaciรณn del art. 272 bis del Cรณdigo Penal: la sola existencia de una agresiรณn dentro del entorno familiar no configura automรกticamente el delito de violencia familiar o domรฉstica.

CRITERIO JURISPRUDENCIAL CLAVE

El Tribunal Supremo ha sido claro al establecer que:

โ€œ๐‘ต๐’ ๐’•๐’๐’…๐’‚ ๐’‚๐’ˆ๐’“๐’†๐’”๐’Šรณ๐’ ๐’”๐’–๐’”๐’„๐’Š๐’•๐’‚๐’…๐’‚ ๐’†๐’ ๐’†๐’ รก๐’Ž๐’ƒ๐’Š๐’•๐’ ๐’‡๐’‚๐’Ž๐’Š๐’๐’Š๐’‚๐’“ ๐’‘๐’–๐’†๐’…๐’† ๐’”๐’†๐’“ ๐’„๐’๐’๐’”๐’Š๐’…๐’†๐’“๐’‚๐’…๐’‚ ๐’„๐’๐’Ž๐’ ๐’—๐’Š๐’๐’๐’†๐’๐’„๐’Š๐’‚ ๐’‡๐’‚๐’Ž๐’Š๐’๐’Š๐’‚๐’“ ๐’ ๐’…๐’๐’Žรฉ๐’”๐’•๐’Š๐’„๐’‚, ๐’”๐’Š๐’†๐’๐’…๐’ ๐’๐’†๐’„๐’†๐’”๐’‚๐’“๐’Š๐’ ๐’‚๐’๐’‚๐’๐’Š๐’›๐’‚๐’“ ๐’†๐’ ๐’„๐’๐’๐’•๐’†๐’™๐’•๐’ ๐’†๐’ ๐’†๐’ ๐’’๐’–๐’† ๐’”๐’† ๐’‘๐’“๐’๐’…๐’–๐’„๐’† ๐’†๐’ ๐’‰๐’†๐’„๐’‰๐’โ€.

En la misma lรญnea, precisa:

โ€œ๐‘ณ๐’‚ ๐’„๐’๐’๐’‡๐’Š๐’ˆ๐’–๐’“๐’‚๐’„๐’Šรณ๐’ ๐’…๐’†๐’ ๐’…๐’†๐’๐’Š๐’•๐’ ๐’‘๐’“๐’†๐’—๐’Š๐’”๐’•๐’ ๐’†๐’ ๐’†๐’ ๐’‚๐’“๐’•. 272 ๐’ƒ๐’Š๐’” ๐’…๐’†๐’ ๐‘ชรณ๐’…๐’Š๐’ˆ๐’ ๐‘ท๐’†๐’๐’‚๐’ ๐’†๐’™๐’Š๐’ˆ๐’† ๐’๐’‚ ๐’„๐’๐’๐’„๐’–๐’“๐’“๐’†๐’๐’„๐’Š๐’‚ ๐’…๐’† ๐’†๐’๐’†๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’๐’” ๐’’๐’–๐’† ๐’†๐’—๐’Š๐’…๐’†๐’๐’„๐’Š๐’†๐’ ๐’–๐’๐’‚ ๐’”๐’Š๐’•๐’–๐’‚๐’„๐’Šรณ๐’ ๐’…๐’† ๐’…๐’๐’Ž๐’Š๐’๐’‚๐’„๐’Šรณ๐’, ๐’„๐’๐’๐’•๐’“๐’๐’ ๐’ ๐’—๐’Š๐’๐’๐’†๐’๐’„๐’Š๐’‚ ๐’†๐’”๐’•๐’“๐’–๐’„๐’•๐’–๐’“๐’‚๐’, ๐’๐’ ๐’”๐’Š๐’†๐’๐’…๐’ ๐’”๐’–๐’‡๐’Š๐’„๐’Š๐’†๐’๐’•๐’† ๐’๐’‚ ๐’Ž๐’†๐’“๐’‚ ๐’†๐’™๐’Š๐’”๐’•๐’†๐’๐’„๐’Š๐’‚ ๐’…๐’† ๐’–๐’ ๐’‰๐’†๐’„๐’‰๐’ ๐’‚๐’Š๐’”๐’๐’‚๐’…๐’โ€.

ยฟQUร‰ EXIGE REALMENTE EL TIPO PENAL?

A partir de este entendimiento, la jurisprudencia delimita que para hablar de violencia familiar deben concurrir:

โœ”๏ธ Relaciรณn de poder, dominaciรณn o control del agresor sobre la vรญctima
โœ”๏ธ Contexto de violencia estructural, sistemรกtica o reiterada
โœ”๏ธ Situaciรณn de desigualdad o subordinaciรณn
โœ”๏ธ Afectaciรณn a la integridad en un marco de violencia de carรกcter relacional y no meramente circunstancial

DELIMITACIร“N FRENTE A OTROS SUPUESTOS

Este fallo evita la aplicaciรณn automรกtica del tipo penal en situaciones como:

- Discusiones familiares aisladas
- Peleas circunstanciales sin antecedentes de violencia
- Conflictos eventuales sin estructura de poder

En estos casos, corresponde realizar una correcta subsunciรณn jurรญdica, pudiendo encuadrarse โ€”segรบn correspondaโ€” en otros tipos penales, pero no necesariamente en violencia familiar o domรฉstica.

ALCANCE Y FUNDAMENTO

El Auto Supremo 1860/2025-F reafirma que el derecho penal:

- No puede aplicarse de forma expansiva o automรกtica
- Exige una verificaciรณn estricta de los elementos del tipo penal
- Debe respetar los principios de:
โœ”๏ธ Tipicidad estricta
โœ”๏ธ Legalidad
โœ”๏ธ Debido proceso
โœ”๏ธ Prohibiciรณn de analogรญa en perjuicio del imputado

๐˜“๐˜ข ๐˜ซ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ข ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜จรณ๐˜ณ๐˜ช๐˜ค๐˜ข:
๐˜•๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ง๐˜ญ๐˜ช๐˜ค๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ง๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ข๐˜ณ ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ข ๐˜ข๐˜จ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ชรณ๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ง๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ข ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ต๐˜ถ๐˜บ๐˜ฆ ๐˜ท๐˜ช๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ข ๐˜ง๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ข๐˜ณ ๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฎรฉ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ข.

๐˜“๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ง๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ตรก รบ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฐ, ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜น๐˜ต๐˜ฐ, ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ค๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ข๐˜ค๐˜ชรณ๐˜ฏ ๐˜บ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฆ๐˜น๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ต๐˜ณรณ๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜ค๐˜ชรณ๐˜ฏ ๐˜ฐ ๐˜ท๐˜ช๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ข.

๐˜Œ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ซ๐˜ถ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ, ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ชรฉ๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ท๐˜ช๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข ๐˜ง๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ข ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ข ๐˜ตรฉ๐˜ค๐˜ฏ๐˜ช๐˜ค๐˜ข ๐˜บ ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ญ ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜จ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ค๐˜ถ๐˜ค๐˜ชรณ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ.

Pรฉrdida de la guarda por impedir visitas de/la progenitor@SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0146/2024-S2El Tribunal...
19/02/2026

Pรฉrdida de la guarda por impedir visitas de/la progenitor@

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0146/2024-S2

El Tribunal Constitucional Plurinacional analizรณ un caso donde uno de los progenitores obstruรญa el rรฉgimen de visitas y retenรญa al menor, situaciรณn que fue evaluada por la autoridad judicial bajo el principio del interรฉs superior del niรฑo.

โ€“ El TCP dejรณ establecido que los jueces de familia pueden dictar medidas provisionales cuando se advierte que la conducta de uno de los progenitores afecta el derecho del niรฑo a mantener relaciรณn con ambos padres.

Parte textual relevante de la sentencia:
โ€œ๐‘บ๐’† ๐’“๐’†๐’”๐’๐’๐’—๐’Šรณ ๐’‚๐’‘๐’๐’Š๐’„๐’‚๐’“ ๐’Ž๐’†๐’…๐’Š๐’…๐’‚๐’” ๐’‘๐’“๐’๐’—๐’Š๐’”๐’Š๐’๐’๐’‚๐’๐’†๐’”, ๐’†๐’๐’•๐’“๐’† ๐’†๐’”๐’•๐’‚๐’”, ๐’Ž๐’๐’…๐’Š๐’‡๐’Š๐’„๐’‚๐’“ ๐’๐’‚ ๐’ˆ๐’–๐’‚๐’“๐’…๐’‚ ๐’‚ ๐’‡๐’‚๐’—๐’๐’“ ๐’…๐’†๐’ ๐’๐’๐’Ž๐’ƒ๐’“๐’‚๐’…๐’, ๐’†๐’ ๐’‚๐’•๐’†๐’๐’„๐’Šรณ๐’ ๐’‚ ๐’๐’๐’” ๐’‚๐’๐’•๐’†๐’„๐’†๐’…๐’†๐’๐’•๐’†๐’” ๐’…๐’†๐’ ๐’„๐’‚๐’”๐’ ๐’š ๐’๐’๐’” ๐’Š๐’๐’‡๐’๐’“๐’Ž๐’†๐’” ๐’•รฉ๐’„๐’๐’Š๐’„๐’๐’”.โ€

โ€“ El Tribunal recordรณ que el derecho de visitas no es un favor, sino un derecho-deber del progenitor que no tiene la guarda y, principalmente, un derecho del niรฑo o niรฑa.

Fundamento constitucional desarrollado por el TCP:
โ€œ๐‘ณ๐’‚๐’” ๐’…๐’†๐’„๐’Š๐’”๐’Š๐’๐’๐’†๐’” ๐’—๐’Š๐’๐’„๐’–๐’๐’‚๐’…๐’‚๐’” ๐’‚ ๐’๐’‚ ๐’ˆ๐’–๐’‚๐’“๐’…๐’‚ ๐’š ๐’“รฉ๐’ˆ๐’Š๐’Ž๐’†๐’ ๐’…๐’† ๐’—๐’Š๐’”๐’Š๐’•๐’‚๐’” ๐’…๐’†๐’ƒ๐’†๐’ ๐’”๐’†๐’“ ๐’‚๐’…๐’๐’‘๐’•๐’‚๐’…๐’‚๐’” ๐’‘๐’“๐’Š๐’๐’“๐’Š๐’›๐’‚๐’๐’…๐’ ๐’†๐’ ๐’Š๐’๐’•๐’†๐’“รฉ๐’” ๐’”๐’–๐’‘๐’†๐’“๐’Š๐’๐’“ ๐’…๐’†๐’ ๐’Ž๐’†๐’๐’๐’“, ๐’Š๐’๐’„๐’๐’–๐’”๐’ ๐’Ž๐’†๐’…๐’Š๐’‚๐’๐’•๐’† ๐’Ž๐’†๐’…๐’Š๐’…๐’‚๐’” ๐’Š๐’๐’Ž๐’†๐’…๐’Š๐’‚๐’•๐’‚๐’” ๐’š ๐’‘๐’“๐’๐’—๐’Š๐’”๐’Š๐’๐’๐’‚๐’๐’†๐’”.โ€

Conclusiรณn jurรญdica importante:
Cuando un padre o madre impide injustificadamente el rรฉgimen de visitas, esa conducta puede ser considerada lesiva al interรฉs superior del niรฑo y dar lugar a la modificaciรณn o pรฉrdida de la guarda, sin perjuicio de que el fondo del proceso continรบe.

โ€“ La guarda no es absoluta.
โ€“ El incumplimiento del rรฉgimen de visitas tiene consecuencias legales.
โ€“ El centro de la decisiรณn siempre es el bienestar del hijo o hija.

17/01/2026

๐Ÿ“„ ๐€๐”๐“๐Ž ๐’๐”๐๐‘๐„๐Œ๐Ž 1442/2025, ๐’–๐’ ๐’‡๐’‚๐’๐’๐’ ๐’’๐’–e ๐’“๐’†๐’”ue๐’๐’—๐’† ๐’–๐’๐’‚ ๐’†๐’™๐’„๐’†๐’‘๐’„๐’Š๐’ฬ๐’ ๐’…๐’† ๐’†๐’™๐’•๐’Š๐’๐’„๐’Š๐’ฬ๐’ ๐’…๐’† ๐’๐’‚ ๐’‚๐’„๐’„๐’Š๐’ฬ๐’ ๐’‘๐’†๐’๐’‚๐’ ๐’‘๐’๐’“ ๐’‘๐’“๐’†๐’”๐’„๐’“๐’Š๐’‘๐’„๐’Š๐’ฬ๐’, ๐’…๐’†๐’๐’•๐’“๐’ ๐’…๐’† ๐’–๐’ ๐’‘๐’“๐’๐’„๐’†๐’”๐’ ๐’‘๐’๐’“ ๐’†๐’ ๐’…๐’†๐’๐’Š๐’•๐’ ๐’…๐’† ๐‘ผ๐’”๐’ ๐‘ฐ๐’๐’…๐’†๐’ƒ๐’Š๐’…๐’ ๐’…๐’† ๐‘ฉ๐’Š๐’†๐’๐’†๐’” ๐’š ๐‘บ๐’†๐’“๐’—๐’Š๐’„๐’Š๐’๐’” ๐‘ท๐’–ฬ๐’ƒ๐’๐’Š๐’„๐’๐’”.

๐‘ฌ๐’ ๐’†๐’”๐’•๐’† ๐’„๐’‚๐’”๐’, ๐’†๐’ ๐’‘๐’–๐’๐’•๐’ ๐’„๐’†๐’๐’•๐’“๐’‚๐’ ๐’‡๐’–๐’† ๐’…๐’†๐’•๐’†๐’“๐’Ž๐’Š๐’๐’‚๐’“ ๐’”๐’Š ๐’๐’‚ ๐’„๐’๐’๐’…๐’–๐’„๐’•๐’‚ (๐’„๐’‚๐’๐’Š๐’‡๐’Š๐’„๐’‚๐’…๐’‚ ๐’„๐’๐’Ž๐’ ๐’‚๐’„๐’•๐’ ๐’…๐’† ๐’„๐’๐’“๐’“๐’–๐’‘๐’„๐’Š๐’ฬ๐’) ๐’…๐’†๐’ƒ๐’Šฬ๐’‚ ๐’„๐’๐’๐’”๐’Š๐’…๐’†๐’“๐’‚๐’“๐’”๐’† ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’“๐’†๐’”๐’„๐’“๐’Š๐’‘๐’•๐’Š๐’ƒ๐’๐’†, ๐’ ๐’”๐’Š, ๐’‘๐’๐’“ ๐’”๐’– ๐’ƒ๐’‚๐’‹๐’‚ ๐’๐’†๐’”๐’Š๐’—๐’Š๐’…๐’‚๐’…, ๐’„๐’๐’“๐’“๐’†๐’”๐’‘๐’๐’๐’…๐’Šฬ๐’‚ ๐’‚๐’‘๐’๐’Š๐’„๐’‚๐’“ ๐’†๐’ ๐’“๐’†ฬ๐’ˆ๐’Š๐’Ž๐’†๐’ ๐’ˆ๐’†๐’๐’†๐’“๐’‚๐’ ๐’…๐’† ๐’‘๐’“๐’†๐’”๐’„๐’“๐’Š๐’‘๐’„๐’Š๐’ฬ๐’.

1. ๐‘ฌ๐’ ๐’‘๐’“๐’๐’ƒ๐’๐’†๐’Ž๐’‚ ๐’‹๐’–๐’“๐’Šฬ๐’…๐’Š๐’„๐’ ๐’„๐’†๐’๐’•๐’“๐’‚๐’
El Tribunal Supremo enfrentรณ una pregunta clave para resolver el caso.
ยฟTodos los delitos de corrupciรณn son imprescriptibles, o esta calidad solo aplica cuando existe un grave daรฑo econรณmico al patrimonio del Estado?

El fallo concluye que no toda conducta comprendida en la Ley 004 es imprescriptible. Solo aquellas que, ademรกs de afectar el patrimonio pรบblico, causan un daรฑo econรณmico grave en cumplimiento los presupuestos del art. 112 de la CPE y del art. 29 Bis del CPP.

โ€œLos delitos de corrupciรณn resultan imprescriptiblesโ€ฆ รบnicamente cuando atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daรฑo econรณmico igual o superior a siete millones de bolivianos.โ€ (FJ II.8 del Auto Supremo).

2. ๐‘ญ๐’–๐’๐’…๐’‚๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’๐’” ๐’…๐’๐’„๐’•๐’“๐’Š๐’๐’‚๐’๐’†๐’” ๐’š ๐’„๐’๐’๐’”๐’•๐’Š๐’•๐’–๐’„๐’Š๐’๐’๐’‚๐’๐’†๐’”
El Tribunal reafirma que la prescripciรณn es una instituciรณn de orden pรบblico que protege la seguridad jurรญdica y el debido proceso, evitando que el poder punitivo del Estado se prolongue de manera indefinida.

โ€œLa prescripciรณn constituye una instituciรณn jurรญdica en virtud de la cual, y por el transcurso del tiempo determinado por ley, cesa la persecuciรณn penal del Estado ejercitada a travรฉs de los รณrganos jurisdiccionales... garantizando asรญ seguridad jurรญdica y estabilidad social.โ€ (FJ II.2).

Ademรกs, se aclara que solo la declaratoria de rebeldรญa interrumpe el cรณmputo de la prescripciรณn, ademรกs de lo previsto en el art. 315.III y 321.V del CPP.

โ€œEl art. 31 del CPP reconoce รบnicamente la declaratoria de rebeldรญa, que borra el tiempo transcurrido y reinicia el cรณmputo desde cero.โ€ (FJ II.2).

2.1. ๐‘ท๐’“๐’Š๐’๐’„๐’Š๐’‘๐’Š๐’ ๐’…๐’† ๐’๐’†๐’”๐’Š๐’—๐’Š๐’…๐’‚๐’… ๐’š ๐’„๐’‚๐’“๐’‚ฬ๐’„๐’•๐’†๐’“ ๐’‡๐’“๐’‚๐’ˆ๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’‚๐’“๐’Š๐’ ๐’…๐’†๐’ ๐‘ซ๐’†๐’“๐’†๐’„๐’‰๐’ ๐‘ท๐’†๐’๐’‚๐’
Uno de los aportes mรกs valiosos del fallo radica en su desarrollo del ๐’‘๐’“๐’Š๐’๐’„๐’Š๐’‘๐’Š๐’ ๐’…๐’† ๐’๐’†๐’”๐’Š๐’—๐’Š๐’…๐’‚๐’…, entendido como un lรญmite al poder punitivo del Estado.

โ€œEl Derecho Penal es de carรกcter fragmentario y subsidiario, limitรกndose a sancionar las conductas mรกs graves que lesionan bienes jurรญdicos penales de especial relevancia. El principio de lesividad exige que solo los hechos que afecten real y significativamente a tales bienes ameriten sanciรณn penal.โ€ (FJ II.4).

El Tribunal recuerda que ๐’๐’ ๐’•๐’๐’…๐’ ๐’‚๐’„๐’•๐’ ๐’Š๐’“๐’“๐’†๐’ˆ๐’–๐’๐’‚๐’“ ๐’ ๐’Š๐’๐’Ž๐’๐’“๐’‚๐’ ๐’…๐’†๐’ƒ๐’† ๐’”๐’†๐’“ ๐’„๐’“๐’Š๐’Ž๐’Š๐’๐’‚๐’๐’Š๐’›๐’‚๐’…๐’:

โ€œSerรญa inรบtil para la protecciรณn de un bien jurรญdico penal castigar como delito un tipo de hecho completamente incapaz de lesionar dicho bien.โ€ (FJ II.4, citando a Santiago Mir Puig)
Asรญ, en el caso concreto, se concluyรณ que:
โ€œ(โ€ฆ) el hecho atribuido (uso de un vehรญculo oficial para fines personales) no causรณ un grave daรฑo econรณmico directo y cuantificable al Estado. En tal sentido, la aplicaciรณn del Derecho Penal en este supuesto no se justifica desde la รณptica de la lesividad ni del carรกcter fragmentario del Derecho Penal.โ€ (FJ II.9 del Auto Supremo).

2.2. ๐‘ท๐’“๐’Š๐’๐’„๐’Š๐’‘๐’Š๐’ ๐’…๐’† ๐’‘๐’“๐’๐’‘๐’๐’“๐’„๐’Š๐’๐’๐’‚๐’๐’Š๐’…๐’‚๐’… ๐’š ๐’‡๐’Š๐’๐’†๐’” ๐’…๐’† ๐’๐’‚ ๐’‘๐’†๐’๐’‚
El fallo tambiรฉn profundiza en el ๐’‘๐’“๐’Š๐’๐’„๐’Š๐’‘๐’Š๐’ ๐’…๐’† ๐’‘๐’“๐’๐’‘๐’๐’“๐’„๐’Š๐’๐’๐’‚๐’๐’Š๐’…๐’‚๐’…, seรฑalando que la persecuciรณn penal no puede mantenerse indefinidamente cuando los hechos son de escasa lesividad.
โ€œEl principio de proporcionalidad exige que la restricciรณn de derechos fundamentales mediante la persecuciรณn penal sea adecuada, necesaria y razonable, por lo que mantener indefinidamente la acciรณn penal por una conducta de baja lesividad vulnera dicho principio y contradice la finalidad de la pena.โ€ (FJ II.5).

El Tribunal, apoyรกndose en la ๐’…๐’๐’„๐’•๐’“๐’Š๐’๐’‚ ๐’‘๐’†๐’๐’‚๐’ ๐’Ž๐’๐’…๐’†๐’“๐’๐’‚, diferencia entre ๐’‘๐’“๐’†๐’—๐’†๐’๐’„๐’Š๐’ฬ๐’ ๐’ˆ๐’†๐’๐’†๐’“๐’‚๐’ ๐’š ๐’†๐’”๐’‘๐’†๐’„๐’Š๐’‚๐’, y recuerda que la pena solo se justifica cuando cumple una ๐’‡๐’–๐’๐’„๐’Š๐’ฬ๐’ ๐’”๐’๐’„๐’Š๐’‚๐’ ๐’š ๐’‘๐’“๐’†๐’—๐’†๐’๐’•๐’Š๐’—๐’‚, no cuando se limita a operar como un ๐’„๐’‚๐’”๐’•๐’Š๐’ˆ๐’ ๐’”๐’Š๐’Ž๐’ƒ๐’ฬ๐’๐’Š๐’„๐’.

3. ๐‘น๐’‚๐’•๐’Š๐’ ๐’…๐’†๐’„๐’Š๐’…๐’†๐’๐’…๐’Š:
โž๐‘ซ๐’†๐’ƒ๐’†๐’“ ๐’‹๐’–๐’…๐’Š๐’„๐’Š๐’‚๐’ ๐’…๐’† ๐’—๐’‚๐’๐’๐’“๐’‚๐’“ ๐’†๐’ ๐’ˆ๐’“๐’‚๐’…๐’ ๐’…๐’† ๐’๐’†๐’”๐’Š๐’—๐’Š๐’…๐’‚๐’… ๐’‚๐’๐’•๐’†๐’” ๐’…๐’† ๐’‚๐’‘๐’๐’Š๐’„๐’‚๐’“ ๐’๐’‚ ๐’‘๐’“๐’†๐’”๐’„๐’“๐’Š๐’‘๐’„๐’Š๐’ฬ๐’โž.
Este constituye el nรบcleo de la decisiรณn y su aporte mรกs innovador.

La ๐‘บ๐’‚๐’๐’‚ ๐‘ท๐’†๐’๐’‚๐’ establece que el juez o tribunal ๐’๐’ ๐’‘๐’–๐’†๐’…๐’† ๐’‚๐’‘๐’๐’Š๐’„๐’‚๐’“ ๐’๐’‚ ๐’‘๐’“๐’†๐’”๐’„๐’“๐’Š๐’‘๐’„๐’Š๐’ฬ๐’ ๐’…๐’† ๐’‡๐’๐’“๐’Ž๐’‚ ๐’‚๐’–๐’•๐’๐’Ž๐’‚ฬ๐’•๐’Š๐’„๐’‚. Antes de decidir, debe ponderar el ๐’ˆ๐’“๐’‚๐’…๐’ ๐’…๐’† ๐’๐’†๐’”๐’Š๐’—๐’Š๐’…๐’‚๐’…, ๐’๐’‚ ๐’“๐’†๐’๐’†๐’—๐’‚๐’๐’„๐’Š๐’‚ ๐’”๐’๐’„๐’Š๐’‚๐’ ๐’…๐’†๐’ ๐’‰๐’†๐’„๐’‰๐’ y las ๐’„๐’๐’๐’…๐’Š๐’„๐’Š๐’๐’๐’†๐’” ๐’…๐’† ๐’๐’‚ ๐’—๐’Šฬ๐’„๐’•๐’Š๐’Ž๐’‚.

โ€œLa aplicaciรณn de la garantรญa de la prescripciรณn no puede entenderse como un mecanismo automรกtico y absoluto a favor del imputado, sino que debe someterse a un anรกlisis de ponderaciรณn que permita armonizar los derechos de las vรญctimas con las garantรญas del procesado.โ€ (FJ II.9).

โ€œLa autoridad jurisdiccional tiene el deber de evaluar en cada caso concreto la naturaleza del hecho investigado, su complejidad, magnitud y relevancia social, asรญ como el grado de lesividad penal ocasionado.โ€ (FJ II.9).

Incluso, el fallo introduce un ๐’†๐’๐’‡๐’๐’’๐’–๐’† ๐’„๐’๐’๐’—๐’†๐’๐’„๐’Š๐’๐’๐’‚๐’:

โ€œCuando la vรญctima pertenece a grupos histรณricamente vulnerables... la aplicaciรณn mecรกnica de la prescripciรณn podrรญa traducirse en una forma de denegaciรณn de justicia, contraria a los compromisos internacionales asumidos por el Estado.โ€ (FJ II.9)

De esta manera, se refuerza el deber judicial de aplicar la ๐’‘๐’“๐’†๐’”๐’„๐’“๐’Š๐’‘๐’„๐’Š๐’ฬ๐’ ๐’„๐’๐’ ๐’†๐’๐’‡๐’๐’’๐’–๐’† ๐’…๐’† ๐’‹๐’–๐’”๐’•๐’Š๐’„๐’Š๐’‚ ๐’Ž๐’‚๐’•๐’†๐’“๐’Š๐’‚๐’, garantizando un autรฉntico ๐’„๐’๐’๐’•๐’“๐’๐’ ๐’…๐’† ๐’„๐’๐’๐’—๐’†๐’๐’„๐’Š๐’๐’๐’‚๐’๐’Š๐’…๐’‚๐’….

4. ๐‘ฝ๐’‚๐’๐’๐’“ ๐’…๐’๐’„๐’•๐’“๐’Š๐’๐’‚๐’ ๐’…๐’†๐’ ๐’‡๐’‚๐’๐’๐’
๐‘ฌ๐’ ๐‘จ๐’–๐’•๐’ ๐‘บ๐’–๐’‘๐’“๐’†๐’Ž๐’ 1442/2025 deja cuatro aportes esenciales para las autoridades jurisdiccionales y mundo litigante:

1. ๐‘ฐ๐’๐’•๐’†๐’“๐’‘๐’“๐’†๐’•๐’‚ ๐’“๐’†๐’”๐’•๐’“๐’Š๐’„๐’•๐’Š๐’—๐’‚๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’† ๐’๐’‚ ๐’Š๐’Ž๐’‘๐’“๐’†๐’”๐’„๐’“๐’Š๐’‘๐’•๐’Š๐’ƒ๐’Š๐’๐’Š๐’…๐’‚๐’… de los delitos vinculados a corrupciรณn: solo procede cuando el hecho genera ๐ ๐ซ๐š๐ฏ๐ž ๐๐š๐งฬƒ๐จ ๐ž๐œ๐จ๐ง๐จฬ๐ฆ๐ข๐œ๐จ al Estado.

โ€œPara la imprescriptibilidad de los delitos de corrupciรณn deben concurrir dos presupuestos: atentado contra el patrimonio del Estado y que el mismo cause grave daรฑo econรณmico, igual o superior a los siete millones de bolivianos.โ€ (FJ II.๐Ÿ˜Ž.

2. ๐‘ฐ๐’๐’•๐’“๐’๐’…๐’–๐’„๐’† ๐’๐’‚ ๐’—๐’‚๐’๐’๐’“๐’‚๐’„๐’Š๐’ฬ๐’ ๐’…๐’†๐’ ๐’ˆ๐’“๐’‚๐’…๐’ ๐’…๐’† ๐’๐’†๐’”๐’Š๐’—๐’Š๐’…๐’‚๐’… ๐’„๐’๐’Ž๐’ ๐’…๐’†๐’ƒ๐’†๐’“ ๐’‹๐’–๐’…๐’Š๐’„๐’Š๐’‚๐’, obligando a analizar la magnitud, relevancia y efectos del hecho antes de decidir sobre la prescripciรณn.

3. ๐‘ฐ๐’๐’„๐’๐’“๐’‘๐’๐’“๐’‚ ๐’†๐’ ๐’„๐’๐’๐’•๐’“๐’๐’ ๐’…๐’† ๐’„๐’๐’๐’—๐’†๐’๐’„๐’Š๐’๐’๐’‚๐’๐’Š๐’…๐’‚๐’…, , exigiendo ponderar los derechos de las vรญctimas, especialmente de aquellas pertenecientes a grupos vulnerables.

4. ๐‘น๐’†๐’‚๐’‡๐’Š๐’“๐’Ž๐’‚ ๐’†๐’ ๐’„๐’‚๐’“๐’‚ฬ๐’„๐’•๐’†๐’“ ๐’‰๐’–๐’Ž๐’‚๐’๐’Š๐’”๐’•๐’‚ ๐’š ๐’“๐’‚๐’„๐’Š๐’๐’๐’‚๐’ ๐’…๐’†๐’ ๐‘ซ๐’†๐’“๐’†๐’„๐’‰๐’ ๐‘ท๐’†๐’๐’‚๐’, devolviรฉndole su sentido de justicia material:
โ€œLa prescripciรณn deja de ser un obstรกculo para el reconocimiento de la dignidad y los derechos de las vรญctimas, y se convierte en una herramienta interpretada conforme a la justicia material y al respeto irrestricto de los derechos humanos.โ€ (FJ II.9).
Fuente: Carlos Eduardo Ortega

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