08/03/2026
𝗜𝗠𝗣𝗥𝗢𝗖𝗘𝗗𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗗𝗘𝗧𝗘𝗡𝗖𝗜Ó𝗡 𝗣𝗥𝗘𝗩𝗘𝗡𝗧𝗜𝗩𝗔 𝗖𝗨𝗔𝗡𝗗𝗢 𝗘𝗟 𝗗𝗘𝗟𝗜𝗧𝗢 𝗧𝗜𝗘𝗡𝗘 𝗣𝗘𝗡𝗔 𝗠Á𝗫𝗜𝗠𝗔 𝗗𝗘 𝗛𝗔𝗦𝗧𝗔 𝗧𝗥𝗘𝗦 𝗔Ñ𝗢𝗦
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𝗖𝗢𝗡𝗦𝗨𝗟𝗧𝗜𝗡𝗚 & 𝗔𝗦𝗢𝗖.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0495/2016-S3
Sucre, 27 de abril de 2016
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La Sentencia Constitucional Plurinacional 495/2016-S3, emitida en Sucre el 27 de abril de 2016, estableció un criterio importante respecto a la aplicación de la detención preventiva en el proceso penal boliviano.
El Tribunal Constitucional señaló que la aplicación de la detención preventiva debe interpretarse conforme a los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y al principio pro hómine, priorizando siempre la protección del derecho fundamental a la libertad personal.
En ese sentido, la sentencia recuerda que el principio pro hómine implica que las normas sobre derechos humanos deben interpretarse en el sentido más favorable para la persona. Al respecto, citando la Sentencia Constitucional 0006/2010-R, se establece que:
“…𝒊𝒎𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒔 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒆 𝑫𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝑯𝒖𝒎𝒂𝒏𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒃𝒆𝒏 𝒔𝒆𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒑𝒓𝒆𝒕𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒏𝒕𝒊𝒅𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒎á𝒔 𝒇𝒂𝒗𝒐𝒓𝒆𝒛𝒄𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂, 𝒗𝒊𝒏𝒄𝒖𝒍á𝒏𝒅𝒐𝒔𝒆, 𝒆𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒄𝒖𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂, 𝒄𝒐𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒑𝒓𝒆𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒆𝒔𝒊𝒗𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔, 𝒆𝒏 𝒗𝒊𝒓𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒂𝒍 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒆𝒏𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆𝒔, 𝒅𝒆𝒃𝒆 𝒐𝒑𝒕𝒂𝒓𝒔𝒆 𝒑𝒐𝒓 𝒂𝒒𝒖é𝒍 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒊𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒆𝒏 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒆𝒍 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐 𝒐 𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏𝒕í𝒂 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒏𝒖𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒐 𝒗𝒖𝒍𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐, 𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒓, 𝒔𝒆 𝒅𝒆𝒃𝒆 𝒆𝒍𝒆𝒈𝒊𝒓 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒑𝒓𝒆𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎á𝒔 𝒆𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒗𝒂 𝒆𝒏 𝒄𝒖𝒂𝒏𝒕𝒐 𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒄𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒓𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒚 𝒖𝒏𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒑𝒓𝒆𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒎á𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒕𝒓𝒊𝒏𝒈𝒊𝒅𝒂 𝒄𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒔𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒍𝒆𝒛𝒄𝒂𝒏 𝒍í𝒎𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒍 𝒆𝒋𝒆𝒓𝒄𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒎𝒊𝒔𝒎𝒐𝒔”.
Bajo este razonamiento, el Tribunal concluye que no resulta admisible una interpretación restrictiva que afecte el derecho fundamental a la libertad, ya que su ejercicio efectivo constituye la base del sistema democrático y la garantía para el ejercicio de los demás derechos fundamentales.
Por ello, la sentencia interpreta el art. 232 inc. 3 del Código de Procedimiento Penal, estableciendo que:
“𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒏𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒅𝒆 𝒆𝒏 𝒂𝒒𝒖𝒆𝒍𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒍𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒑ú𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂 𝒔𝒂𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒑𝒆𝒏𝒂 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂𝒅, 𝒄𝒖𝒚𝒐 𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒐 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒍 𝒔𝒆𝒂 𝒊𝒏𝒇𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒐 𝒊𝒈𝒖𝒂𝒍 𝒂 𝒕𝒓𝒆𝒔 𝒂ñ𝒐𝒔”.
Asimismo, el Tribunal aclaró que no pretende modificar el texto literal de la norma, sino realizar una interpretación constitucional más favorable a la libertad personal, compatible con el ordenamiento jurídico y el bloque de constitucionalidad.
Finalmente, este criterio constitucional marcó un cambio de línea jurisprudencial, apartándose de los entendimientos contenidos en las sentencias constitucionales 634/01-R, 0294/2003 y 0003/2004-R.
𝘌𝘯 𝘉𝘰𝘭𝘪𝘷𝘪𝘢, 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘦 𝘢 𝘭𝘢 𝘚𝘊𝘗 495/2016-𝘚3, 𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘯𝘦𝘳 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘯𝘤𝘪ó𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘦𝘯 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘢𝘤𝘤𝘪ó𝘯 𝘱ú𝘣𝘭𝘪𝘤𝘢 𝘤𝘶𝘺𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘮á𝘹𝘪𝘮𝘢 𝘴𝘦𝘢 𝘪𝘨𝘶𝘢𝘭 𝘰 𝘮𝘦𝘯𝘰𝘳 𝘢 𝘵𝘳𝘦𝘴 𝘢ñ𝘰𝘴, 𝘦𝘯 𝘢𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘤𝘪ó𝘯 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘪𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘳𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘥𝘢𝘥, 𝘦𝘹𝘤𝘦𝘱𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘺 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘪𝘰 𝘱𝘳𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢.
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