09/05/2026
ANÁLISIS JURÍDICO DEL AUTO SUPREMO 1488/2025-E
LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN
Extracto relevante de la ratio decidendi:
“No será suficiente el planteamiento de la excepción, sino el ofrecimiento de prueba destinada a acreditar los argumentos o fundamentos en los que se basa la pretensión”.
Asimismo:
“Era su deber acreditar los fundamentos de su memorial de solicitud de extinción de la acción penal por prescripción”.
Y finalmente:
“No pudiendo de manera oficiosa suplir la omisión de las partes, porque importaría un desconocimiento del principio de imparcialidad”.
Se desarrolla una línea jurisprudencial relevante respecto a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, precisando no solo la naturaleza jurídica de la prescripción, sino también las exigencias probatorias indispensables para su procedencia. La resolución constituye un precedente importante en torno a la carga procesal del excepcionista y los límites del órgano jurisdiccional al momento de resolver incidentes de prescripción.
1. Naturaleza jurídica de la prescripción penal
El Tribunal Supremo reafirma que la prescripción constituye una forma de extinción de la potestad punitiva del Estado por el transcurso del tiempo, sustentada en principios constitucionales como la seguridad jurídica, el debido proceso y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Desde una perspectiva doctrinal, la resolución recoge el entendimiento de la jurisprudencia constitucional boliviana, particularmente de la SC 23/2007-R, señalando que el Estado no puede ejercer indefinidamente la persecución penal, pues ello generaría inseguridad jurídica y vulneración al derecho de defensa.
La doctrina moderna identifica varios fundamentos de la prescripción:
• La desaparición de la alarma social.
• El debilitamiento de los medios probatorios con el transcurso del tiempo.
• La pérdida de necesidad preventiva de la pena.
• La protección del derecho a la defensa y a la seguridad jurídica.
• La necesidad de evitar procesos eternos incompatibles con el debido proceso.
El Auto Supremo enfatiza que la prescripción debe analizarse desde una óptica constitucional y no únicamente legalista.
2. Competencia para resolver la excepción de prescripción
El fallo establece que la autoridad competente para resolver la excepción de extinción es el juez o tribunal donde radica la causa principal. Así, cuando el proceso se encuentra en casación, la competencia corresponde directamente al Tribunal Supremo de Justicia.
El razonamiento se funda en el art. 44 del Código de Procedimiento Penal y en la jurisprudencia constitucional desarrollada por la SC 1061/2015-S2.
3. Régimen legal de la prescripción
El Auto Supremo recuerda que el art. 29 del Código de Procedimiento Penal fija los plazos de prescripción conforme al máximo legal de la pena:
• 8 años: delitos con pena máxima igual o superior a 6 años.
• 5 años: delitos con pena máxima menor de 6 y mayor de 2 años.
• 3 años: demás delitos con pena privativa de libertad.
• 2 años: delitos con p***s no privativas de libertad.
Asimismo, distingue claramente entre:
a) Interrupción de la prescripción
Solo procede por declaratoria de rebeldía del imputado, conforme al art. 31 CPP. La rebeldía elimina el tiempo transcurrido y reinicia el cómputo desde cero.
b) Suspensión de la prescripción
Procede únicamente en los casos taxativamente previstos por el art. 32 CPP:
• Suspensión condicional del proceso.
• Cuestiones prejudiciales.
• Antejuicio o autorización extranjera.
• Delitos que alteren el orden constitucional.
El Tribunal enfatiza que dichas causales son taxativas y no admiten interpretación extensiva.
4. Cómputo de la prescripción según la naturaleza del delito
El Auto Supremo distingue entre:
• Delitos instantáneos.
• Delitos permanentes.
• Delitos instantáneos con efectos permanentes.
• Delitos continuados.
En los delitos instantáneos, el plazo comienza desde la medianoche del día de consumación. En los permanentes, desde el cese de la consumación.
El fallo aclara además que el delito continuado no tiene reconocimiento expreso en el sistema penal boliviano, conforme a la SC 283/2013.
5. La carga de la prueba en la excepción de prescripción
Uno de los aportes centrales del Auto Supremo 1488/2025-E radica en establecer que la prescripción no opera automáticamente en sede incidental, sino que requiere prueba idónea y pertinente aportada por el excepcionista.
El Tribunal sostiene que:
“No será suficiente el planteamiento de la excepción, sino el ofrecimiento de prueba destinada a acreditar los argumentos o fundamentos en los que se basa la pretensión”.
La resolución desarrolla además criterios doctrinales de Carnelutti y Chiovenda sobre la función de la prueba como instrumento generador de convicción judicial.
6. Ratio decidendi
La ratio decidendi del Auto Supremo puede sintetizarse en que la excepción de extinción de la acción penal por prescripción exige una carga probatoria activa del excepcionista, quien debe demostrar objetivamente la inexistencia de causales de suspensión e interrupción; no siendo suficiente la mera afirmación o alegación genérica.
7. Pruebas que deben presentarse para una excepción de prescripción
El Auto Supremo 1488/2025-E adquiere especial relevancia práctica porque establece qué tipo de elementos probatorios deben acompañarse obligatoriamente.
A) Prueba sobre la fecha exacta del hecho
Debe acreditarse:
• Fecha de comisión del delito.
• Naturaleza del delito (instantáneo o permanente).
• Pena abstracta aplicable.
Medios idóneos:
• Imputación formal.
• Acusación.
• Sentencia.
• Auto de apertura de juicio.
• Resoluciones judiciales pertinentes.
B) Prueba de inexistencia de rebeldía
El excepcionista debe demostrar que nunca fue declarado rebelde. El Tribunal observó que la sola afirmación no es suficiente.
Pruebas idóneas:
• Certificado REJAP actualizado.
• Certificaciones del juzgado o tribunal.
• Certificado CENVI.
• Copias legalizadas del cuaderno procesal.
• Resoluciones que acrediten ausencia de declaratoria de rebeldía.
C) Prueba de inexistencia de causales de suspensión
Debe acreditarse que no existieron:
• Cuestiones prejudiciales.
• Suspensión condicional.
• Antejuicio.
• Paralización constitucional del proceso.
Pruebas necesarias:
• Certificaciones judiciales.
• Copias legalizadas del expediente.
• Resoluciones jurisdiccionales.
• Informe de secretaría.
D) Prueba documental idónea y pertinente
El Tribunal remarca que la carga probatoria no puede suplirse con simples afirmaciones ni remisiones genéricas al expediente.
Por ello, la prueba debe ser:
• Objetiva.
• Legalizada.
• Pertinente.
• Conducente.
• Directamente vinculada al cómputo de prescripción.
8. Conclusión jurídica
El Auto Supremo 1488/2025-E consolida una doctrina jurisprudencial estricta respecto a la excepción de prescripción, estableciendo que:
1. La prescripción debe ser acreditada objetivamente.
2. La carga de la prueba corresponde íntegramente al excepcionista.
3. El tribunal no puede suplir omisiones probatorias.
4. La inexistencia de rebeldía y de causales suspensivas debe demostrarse documentalmente.
5. La mera alegación del transcurso del tiempo no basta para extinguir la acción penal.
En consecuencia, la resolución fortalece los principios de imparcialidad judicial, carga procesal y fundamentación probatoria, constituyéndose en un precedente esencial para la litigación penal boliviana en materia de excepciones de prescripción.
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