02/10/2026
Lo contrario a un estado democrático de derecho es un estado policía que actúa arbitrariamente soslayando la CPE y las leyes. Como especialista en derecho penal, en educación superior y especialidades, así como ex fiscal departamental y ex fiscal superior del Estado, pero en particular como hombre de ley no puedo dejar de EXPRESAR y REFERIR que como nunca antes visto en la historia de nuestro país se incurre en la VIOLACIÓN sistemática de los derechos para destruir la institucionalidad del MINISTERIO PÚBLICO como entidad autónoma que defiende la legalidad, a la sociedad y promueve la acción penal. El ESTADO POLICÍA Y EL GOBIERNO ARBITRARIO han operado de la siguiente manera:
☑️No existe un delito en FLAGRANCIA a ser perseguido de manera inmediata. Tenían conocimiento de los hechos que se investigan desde marzo del 2026 y 7 meses después dicen contar con pruebas para realizar una acción directa policial, por tanto esa acción directa debió ser ejercida en marzo del 2026 y no cuando autoridades del gobierno, del legislativo y de la policía quedan expuestas a investigaciones por corrupción por los diferentes escándalos de conocimiento público.
☑️Han violado la Ley No 612 que modifica la Ley 044 PARA EL JUZGAMIENTO DE ALTAS AUTORIDADES ENTRE ELLAS DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, que en su Art. 26 establece que quien tenga conocimiento de un hecho penal comedido en este caso por el fiscal general debe ser denunciado ante el presidente de la Cámara de diputados quien debe remitir los antecedentes ante la Comisión de Justicia Plural , Ministerio Público y Defensa Legal Del Estado de la Cámara de Diputados. Se pasaron por alto los Arts. 27, 29, 32, 33, 34, 37 y 39 de la misma ley pues no cumplieron con el procedimiento y actuaron de hecho e ilegalmente para detener y cesar a una autoridad que debe ser investigada conforme a ley y suspendida conforme a ley de encontrar pruebas en su contra.
☑️La CPE establece que todo servidor público está obligado a respetar la Constitución y todas las leyes del Estado, en este caso quebrantaron el principio de legalidad (todos estamos sometidos a la ley y debemos cumplirla), actuaron ilegalmente y lo peor es que lo hicieron cuando el gobierno está bajo la lupa por hechos de encubrimiento ante las investigaciones de diferentes delitos de corrupción.
☑️Ni siquiera podría considerarse válida y legal la acción directa realizada contra un fiscal general del Estado, si esta fuera avalada, consentida por un tribunal o juez de garantías constitucionales sería la prueba flagrante del sometimiento al estado policía de la justicia, pero también la comisión flagrante del delito de PREVARICATO, pero además la prueba de que el Ministerio de Gobierno sería autor del delito de ENCUBRIMIENTO porque hubiera omitido denunciar un hecho que conocía desde marzo del 2026 cuando aprehendieron al narcotraficante Marzet y aplicar el procedimiento establecido por ley.
☑️La intervención de fuerzas externas como la DEA y el consentimiento de nuestras autoridades es el quebrantamiento de nuestra soberanía y se tendrá que responder por estas acciones permisivas.
☑️Los hechos criminales de cualquier autoridad del servicio público y de los ciudadanos deben ser investigados dentro del marco de la leyes y no arbitrariamente, a costa de cualquier precio. El crimen no puede ser combatido con crímenes.
☑️Si la justicia y los bolivianos consentimos estas actuaciones del Estado Policía nadie en nuestro país estará a salvo, ninguna autoridad que fiscalice para velar por la transparencia estará a salvo y un poder del Estado como lo es el ejecutivo habría destruido el equilibrio de poderes, atentando directamente contra la democracia, un hecho por demás reprochable y peligroso para todos nosotros los bolivianos que queremos vivir con seguridad jurídica, con garantías y derechos que deben ser reconocidos y protegidos por nuestras autoridades y no pasadas por alto como si nada hubiera ocurrido… nuestro deber ciudadano es ejercer control social ante los hechos de corrupción que se están produciendo en el poder ejecutivo y no guardar silencio cuando se incurre en atrocidades jurídicas.
