03/06/2026
Cada 3 de junio volvemos a decir Ni Una Menos.
Pero también tenemos que mirar qué hizo —y qué sigue sin hacer— el Estado frente a las violencias que el feminismo obligó a nombrar.
Porque ninguna de estas leyes nació de la nada.
Antes hubo víctimas. Hubo familias reclamando justicia. Hubo organizaciones sosteniendo lo que el Estado no veía. Hubo mujeres en la calle diciendo basta.
La Ley 26.485, la incorporación del femicidio al Código Penal, la Ley Brisa, la Ley Micaela, la Ley Olimpia y las reformas sobre responsabilidad parental son conquistas jurídicas profundamente políticas.
Nombrar la violencia importa.
Investigar con perspectiva de género importa.
Reparar a hijas e hijos de víctimas importa.
Capacitar al Estado importa.
Proteger también en el espacio digital importa.
Pero una ley escrita no salva vidas si no hay presupuesto, formación, patrocinio jurídico, medidas urgentes, investigación seria y justicia con debida diligencia.
A 11 años del primer Ni Una Menos, seguimos exigiendo lo mismo:
que vivir libres de violencia no sea una promesa legal, sino una realidad concreta.
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