24/04/2026
Desde nuestro espacio de profesionales de la salud mental expresamos nuestra preocupación ante las medidas y discursos en torno a la discapacidad que, bajo el argumento de control o regulación, implican un retroceso en materia de derechos.
Consideramos que estas iniciativas se inscriben en una lógica regresiva que pone en sospecha a las personas en situación de discapacidad, desconociendo la complejidad de sus condiciones de vida y vulnerando derechos históricamente conquistados.
En este sentido, reducir estas problemáticas a criterios meramente administrativos o economicistas implica invisibilizar las dimensiones subjetivas, sociales y vinculares que atraviesan la discapacidad.
Advertimos que este tipo de enfoques profundizan procesos de estigmatización, exclusión y desprotección social, alejándose de los principios que sostienen una perspectiva integral de la salud mental.
Como trabajadores y trabajadoras del campo, sostenemos que abordar la discapacidad requiere políticas que reconozcan la singularidad de cada situación, así como también las condiciones sociales que las determinan.
No se trata de controlar o sospechar, sino de garantizar derechos, acompañar trayectorias y construir accesibilidad real.
Reafirmamos la necesidad de políticas públicas que fortalezcan los sistemas de protección social, en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promoviendo la dignidad, la autonomía y la inclusión plena.
Asimismo, instamos a las autoridades al cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad, entendiendo que la garantía de derechos no admite retrocesos.
La salud mental es inseparable de las condiciones materiales y sociales de existencia.
Sin inclusión y sin derechos, no hay cuidado posible.