20/03/2026
NOTA DE OPINIÓN:
En Argentina, cada litro de combustible que cargamos tiene un componente poco discutido pero determinante: entre el 35% y el 45% del precio final son impuestos.
Esto incluye el Impuesto a los Combustibles Líquidos, el impuesto al CO₂, el IVA, Ingresos Brutos provinciales y, en algunos casos, tasas municipales. Es decir, casi la mitad del precio no responde al costo del petróleo, sino a decisiones internas.
Pero el problema hoy no es solo local. El contexto internacional cambió drásticamente.
La escalada del conflicto en Medio Oriente —con enfrentamientos que involucran a Israel, Estados Unidos e Irán— ya está impactando de lleno en el mercado energético global. El precio del petróleo se disparó con fuerza, superando los 100 dólares por barril y con subas que, en pocas semanas, alcanzan hasta un 40% o más.
Incluso hay advertencias de que, si el conflicto se profundiza o se interrumpe el tránsito por el Estrecho de Ormuz (clave para el suministro mundial), el barril podría escalar a niveles extremos.
¿Y qué significa esto para Argentina?
Que el precio base del combustible —el costo internacional— ya está subiendo. Y sobre ese aumento, nuestro sistema impositivo agrega una presión adicional que amplifica el impacto en el surtidor.
Es decir: cuando el mundo empuja el precio hacia arriba, Argentina lo multiplica.
El resultado es previsible:
1- Aumenta el costo del transporte.
2- Se encarece la logística.
3- Se presiona la inflación.
4- Se deteriora el poder adquisitivo.
En este contexto extraordinario, sostener una carga impositiva cercana al 45% sobre un insumo estratégico deja de ser solo una cuestión fiscal: pasa a ser un problema económico estructural.
Por eso, sería razonable que el presidente Javier Milei incorpore de manera urgente en su agenda la revisión de estos gravámenes.
No se trata de una discusión ideológica, sino de contexto y oportunidad.
Muchos países, frente a crisis energéticas, han reducido impuestos a los combustibles para amortiguar el impacto en la economía real. Argentina hoy enfrenta una situación similar, pero con una presión impositiva mucho más elevada.
Si el precio internacional del petróleo se dispara por factores externos que no controlamos, lo mínimo que sí podemos discutir es lo que depende de nosotros.
La pregunta es simple: ¿vamos a trasladar todo el impacto al consumidor, o vamos a usar la política económica para amortiguarlo?
Porque en este escenario, no hacer nada también es una decisión.