20/06/2026
No se puede exigir autonomía después de judicializarlo todo
En muchos procesos de familia aparece una contradicción difícil de ignorar. Los jueces se quejan de que los progenitores no logran construir soluciones propias y recurren al fuero de familia por cualquier desacuerdo. Sin embargo, esos mismos jueces admitieron, tramitaron y solemnizaron durante meses pretensiones que nunca superaron un umbral mínimo de relevancia jurídica.
Cada vez que el fuero de familia da curso a discusiones sobre horarios insignificantes, ropa, comidas, actividades ordinarias o modos distintos de organizar una casa, transmite un mensaje inequívoco: todo malestar puede transformarse en expediente. Luego resulta incoherente reprocharles a las partes que hayan perdido la capacidad de resolver por sí mismas aquello que el propio sistema les enseñó a judicializar.
El examen de admisibilidad no cumple una función meramente técnica. También delimita qué conflictos pertenecen a la jurisdicción y cuáles deben permanecer dentro del ámbito de autonomía de la familia. Decir a tiempo “esto no constituye una cuestión judicialmente atendible” puede ser mucho más saludable que dictar una resolución detallada sobre aspectos que nunca debieron salir de la vida cotidiana.
La sobreintervención genera dependencia. Cuando el juez responde a cada roce, los progenitores dejan de desarrollar tolerancia, sentido práctico y capacidad de negociación. El expediente se convierte en un sustituto de la conversación, y cada diferencia pasa a ser interpretada como un incumplimiento que exige una respuesta judicial.
También se debilita la autoridad parental. Si cualquier decisión cotidiana puede ser revisada por el tribunal, ninguno de los adultos conserva un margen real para organizar su tiempo de cuidado. La crianza compartida queda reducida a una administración vigilada, donde cada elección se toma pensando en el próximo escrito y no en las necesidades concretas de los hijos.
Por eso, la autonomía coparental no puede exigirse únicamente como deber de las partes. Requiere también autocontención judicial. El juez que pretende que una familia encuentre soluciones propias debe resistir la tentación de convertir todo desacuerdo en una cuestión de derechos, especialmente cuando no existe afectación concreta ni necesidad real de tutela.
No se puede pedir madurez familiar después de haber judicializado la insignificancia. Preservar un umbral serio de admisibilidad no implica abandonar a las partes. Significa devolver responsabilidad a los adultos y reservar la jurisdicción para los conflictos que verdaderamente necesitan una decisión judicial.
