03/06/2021
Ya pasaron 6 años de uno de los puntos bisagra en las luchas del movimiento feminista en nuestro país. El femicidio de Chiara en el año 2015 nos empujó a las calles y sobre esa urgencia e indignación construimos organización colectiva.
Para nosotres es movimiento y ruptura. También es amplificación de un pedido de justicia feminista y una conquista del terreno público.
Si bien avanzamos un largo camino en la ampliación y reconocimiento de derechos, el Estado y los operadores de justicia tienen una gran cuenta pendiente: implementar políticas públicas efectivas para prevenir y eliminar la violencia de género contra las mujeres y personas LGBTI+. Desde el 3 de junio de 2015 a la fecha, se registraron 1733 femicidios y transfemicidios. Esto quiere decir que, en nuestro país, ocurre un femicidio cada 30 hs.
La emergencia sanitaria marcó otra urgencia, la violencia de género no retrocedió en pandemia, sino que muchas desigualdades se profundizaron y recrudecieron. La brecha de género aumentó traduciéndose en mayores obstáculos en el acceso al mercado laboral, disparidades en los ingresos y no reconocimiento de las tareas de cuidado. Tan sólo en el año 2020, la Oficina de Violencia Doméstica atendió a un total de 7.543 mujeres y niñas, de las cuales el 98% fue por violencia psicológica, 69 % simbólica, 57% física, 36% ambiental, 32 % económica-patrimonial.
En lo que va del año 2021, se produjeron 115 femicidios y 6 transfemicidios. Estos datos marcan las urgencias y exigen respuestas concretas y cambios profundos.
Desde el lugar que nos toca, con perspectiva transfeminista, convencides de que el punitivismo nunca puede ser la única respuesta, fortalecemos nuestro compromiso en incorporar la perspectiva de género en el derecho.
Ya pasaron 6 años de uno de los puntos bisagra en las luchas del movimiento feminista en nuestro país. El femicidio de Chiara en el año 2015 nos empujó a las calles y sobre esa urgencia e indignación construimos organización colectiva.
Para nosotres es movimiento y ruptura. También es amplificación de un pedido de justicia feminista y una conquista del terreno público.
Si bien avanzamos un largo camino en la ampliación y reconocimiento de derechos, el Estado y los operadores de justicia tienen una gran cuenta pendiente: implementar políticas públicas efectivas para prevenir y eliminar la violencia de género contra las mujeres y personas LGBTI+. Desde el 3 de junio de 2015 a la fecha, se registraron 1733 femicidios y transfemicidios. Esto quiere decir que, en nuestro país, ocurre un femicidio cada 30 hs.
La emergencia sanitaria marcó otra urgencia, la violencia de género no retrocedió en pandemia, sino que muchas desigualdades se profundizaron y recrudecieron. La brecha de género aumentó traduciéndose en mayores obstáculos en el acceso al mercado laboral, disparidades en los ingresos y no reconocimiento de las tareas de cuidado. Tan sólo en el año 2020, la Oficina de Violencia Doméstica atendió a un total de 7.543 mujeres y niñas, de las cuales el 98% fue por violencia psicológica, 69 % simbólica, 57% física, 36% ambiental, 32 % económica-patrimonial.
En lo que va del año 2021, se produjeron 115 femicidios y 6 transfemicidios. Estos datos marcan las urgencias y exigen respuestas concretas y cambios profundos.
Desde el lugar que nos toca, con perspectiva transfeminista, convencides de que el punitivismo nunca puede ser la única respuesta, fortalecemos nuestro compromiso en incorporar la perspectiva de género en el derecho.
