10/21/2026
Sin tribunales independientes, la recuperación económica es un espejismo.
Venezuela transita hacia un nuevo ciclo de interés comercial. Inversores nacionales y extranjeros miran hacia nuestro país con la firme intención de establecer operaciones, reactivar industrias y generar capital. Sin embargo, toda inversión requiere una garantía innegociable para materializarse: Seguridad Jurídica.
El actual sistema de administración de justicia, moldeado y controlado de forma absoluta durante las últimas dos décadas bajo las administraciones de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y la actual cúpula de Delcy Rodríguez, representa el mayor riesgo operativo para la empresa privada. Un sistema judicial subordinado al poder ejecutivo no puede garantizar la imparcialidad que exigen los negocios a gran escala. Desde Juristven sostenemos que es inaplazable una reestructuración profunda y urgente del Poder Judicial. Para que Venezuela sea un destino seguro para el capital, se requiere:
Depuración total: La destitución de funcionarios politizados y la designación de jueces probos, independientes y de carrera en todos los niveles, desde los tribunales de primera instancia hasta las magistraturas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Auditoría de sentencias: La revisión exhaustiva de la jurisprudencia emanada del TSJ durante los últimos 20 años. Es imperativo auditar y revertir aquellas decisiones que institucionalizaron expropiaciones, vulneraron contratos, asfixiaron la libre empresa y desmantelaron el estado de derecho. Proteger los contratos, blindar la propiedad privada y garantizar resoluciones de conflictos imparciales no es un capricho político; es el cimiento de cualquier economía funcional.
En Juristven estamos preparados para estructurar, blindar y proteger jurídicamente a las empresas e inversores que apuestan por esta nueva etapa del país, pero mantenemos intacta nuestra exigencia institucional: el desarrollo económico sostenido solo será posible cuando la justicia venezolana recupere su autonomía.
