06/05/2026
En el delito de trata de personas, la vulnerabilidad actúa como un factor que vicia o anula el consentimiento de la víctima, basándose en los siguientes criterios desarrollados por la Corte Suprema:
Evita la impunidad ante un consentimiento aparente: La funcionalidad del medio comisivo "abuso de una situación de vulnerabilidad" (incorporado por el Protocolo de Palermo) es precisamente evitar la impunidad en casos donde existe un consentimiento aparente de una víctima mayor de edad
La justicia reconoce que este abuso permite un sometimiento de la voluntad que puede ser sutil o poco perceptible, haciendo que la aceptación de la víctima carezca de validez legal.
Irrenunciabilidad de la dignidad y derechos: Bajo el principio de irrenunciabilidad de derechos y la indisponibilidad de los mismos, un empleado no puede consentir válidamente trabajar en condiciones perjudiciales, denigrantes o infra-legales.
La Suprema establece que la defensa de la dignidad humana prevalece sobre cualquier acuerdo formal, por lo que no se puede reconocer la existencia de una relación laboral legítima si se ha afectado la esencia de la persona, incluso si esta aceptó inicialmente las condiciones
Factores que anulan la voluntad: El consentimiento se considera invalidado cuando el tratante aprovecha circunstancias específicas de la víctima, tales como:
Dependencia económica o estado de necesidad extrema
Aislamiento geográfico del entorno familiar (como el traslado de Lima a una zona remota en Madre de Dios)
Responsabilidades familiares, como la necesidad de mantener a hijos menores
Desequilibrio radical de la relación: La vulnerabilidad permite que el tratante (sujeto activo) abuse de su superioridad para transformar una supuesta relación de trabajo en una de dependencia y sometimiento total En este escenario, la víctima se ve obligada a acceder a los requerimientos del explotador para intentar satisfacer sus necesidades básicas o retornar a su hogar, lo que elimina cualquier libertad real en su decisión
En resumen, la vulnerabilidad invalida el consentimiento porque coloca a la persona en una posición donde no tiene otra alternativa real o aceptable que someterse al abuso, y legalmente se considera que nadie puede dar permiso para ser tratado como una mercancía