Realidad Pesquera - César Córdova Ponce

14/08/2026

LOS TENTÁCULOS DE PRODUCE Y LA SNP HAN ATRAPADO A LA “EVIDENCIA CIENTIFICA”

POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE (*)

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) ha sido históricamente el orgullo científico del país. Su prestigio internacional y la rigurosidad de sus informes técnicos son los escudos institucionales que tanto el Ministerio de la Producción (PRODUCE) como la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) repiten constantemente como un mantra para validar la gestión pesquera.

Sin embargo, detrás de la impecable fachada de la "evidencia científica", se viene tejiendo una red de coincidencias, decretos a la medida y cambios intempestivos de timón que generan profundas dudas y sospechas en el manejo de la pesca industrial.

La meritocracia, aquella promesa estatal que buscaba blindar la autonomía del ente científico mediante concursos de méritos a cargo de SERVIR y que quedó establecida en el Decreto de Urgencia 015-2020, parece haber quedado definitivamente sepultada bajo los intereses del poder de turno.

Las sospechas no nacen del aire; se alimentan de nombres y fechas precisas. En septiembre de 2024, se emitió el polémico Decreto Legislativo 1677, una norma que eliminó el concurso público meritocrático y le otorgó a PRODUCE la facultad de nombrar a la jefatura del IMARPE basándose en la "confianza" política. El ministro encargado de firmar y refrendar aquel decreto fue Sergio González Guerrero.

Hoy, en un giro del destino que levanta suspicacias en el sector, González Guerrero ha regresado a las oficinas de San Isidro tras ser designado oficialmente como asesor del Despacho Ministerial de PRODUCE mediante la Resolución Ministerial Nº 000224-2026-PRODUCE. Para los observadores más críticos del sector, resulta una coincidencia sumamente llamativa: quien diseñó el marco legal para debilitar la valla meritocrática del ente científico, hoy vuelve para asesorar en la ejecución de la política pesquera desde las sombras de la alta dirección.

La tensión alcanzó su punto máximo a inicios de agosto de 2026. En medio de un escenario de alta incertidumbre por las cuotas y vedas de la primera temporada de anchoveta, el Poder Ejecutivo ejecutó una salida intempestiva: mediante la Resolución Suprema N.° 012-2026-PRODUCE, se le dio un sorpresivo "gracias por los servicios prestados" al contralmirante (r) Jorge Manuel Paz Acosta, cortando su liderazgo al frente de la institución.

¿Quién asumió las riendas de la joya científica del mar peruano? El Ministerio de la Producción extendió sus tentáculos internos y colocó en calidad de encargado al biólogo Renato Guevara Carrasco. El detalle que enciende las alarmas de los pescadores industriales es que no llega como un técnico independiente, sino arrastrando el cordón umbilical de la política ministerial: ejerce de forma simultánea como Asesor II del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura.

¿Cómo puede el IMARPE dictar recomendaciones científicas con total neutralidad si su presidente ejecutivo reporta directamente, en su otra faceta laboral, al viceministro que toma las decisiones políticas y comerciales del sector?

Esta preocupante captura institucional coincide temporalmente con el lanzamiento de la Operación Eureka LXXVIII, un despliegue de 22 embarcaciones industriales orientadas a evaluar biológicamente la biomasa de anchoveta para intentar "salvar" la temporada afectada por condiciones climáticas adversas.

Conducida técnicamente bajo este nuevo esquema de subordinación directa, los resultados de este tipo de operaciones exploratorias comienzan a ser percibidos por las bases pesqueras como dudosos y carentes de una transparencia real. El temor latente en los puertos es que las cuotas de pesca ya no respondan estrictamente a lo que las redes científicas extraen del mar, sino a las necesidades de las conveniencias políticas y a las presiones de las grandes empresas pesqueras alineadas bajo un mismo discurso coordinado.

El IMARPE sigue gozando del respeto internacional por la capacidad de sus cuadros técnicos, pero la cabeza de la institución ha pasado de la meritocracia firme al control absoluto de la confianza del Ministerio de la Producción. Mientras PRODUCE y la SNP sigan repitiendo el mismo estribillo y coincidiendo en el libreto de la "EVIDENCIA CIENTÍFICA", las encargaturas exprés y los asesores multipropósito demuestran que, en el mar peruano, las decisiones se están cocinando en despachos bien alejados de las orillas del rigor.

(*) ABOGADO Y PERIODISTA

03/08/2026

Agradezco la entrevista del colega Edi Moreno Sifuentes el día de hoy, lunes 03 de agosto en "EXITOSA".

Vea el video aquí 👇

02/08/2026

¿ JUSTICIA SOCIAL EN EL GOBIERNO DE KEIKO FUJUMORI ?

Suben pensión 65 de 350 a 700 soles, mientras al pescador jubilado mantienen congelado desde el 2014 el tope máximo de su pensión en 660 soles.

El Estado duplica su pensión al que no aporta y al pescador que aporta gran parte de sus ingresos para g***r de una pensión digna en su vejez, el Congreso y el Ejecutivo le dan la espalda.

Vea este video para enterarse más sobre este tema 👇

31/07/2026

30/07/2026

Entrevista el día de hoy, jueves 30 de julio, en Radio Santo Domingo (RSD) en el programa "LA PEPA" conducido por Walter Hagara Castro.

29/07/2026

DESIGNACIÓN DE REQUEJO EN PRODUCE CONFIRMA DÉCADA DE PODER PARLAMENTARISTA

POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE (*)

Durante años, la narrativa oficial de Fuerza Popular e insistentes declaraciones de Keiko Fujimori buscaron instalar la idea de que su partido nunca había sido gobierno y que la responsabilidad de las malas decisiones en el Ejecutivo recaía exclusivamente en los presidentes de turno. Sin embargo, la primera gran medida tomada en el sector pesquero ha terminado de derrumbar ese discurso: la designación de Juan Carlos Requejo como ministro de la Producción es un reflejo de lo que la realidad política ha mostrado a lo largo de los últimos diez años de gobierno.

En la última década, el Perú vivió bajo un régimen de facto parlamentarista, donde el Congreso de la República no solo fiscalizaba, sino que imponía ministros, condicionaba gabinetes y manejaba los puestos estratégicos del Estado. En ese reparto de influencias, la cuota de poder fija de Fuerza Popular fue el Ministerio de la Producción.

La designación de Requejo no es un hecho aislado, sino la cabecera de un entramado administrativo compuesto por funcionarios de su estrecho entorno, entre los que destacan Jesús Eloy Barrientos Ruiz y Daniel Collachagua Pérez. La trayectoria de este trinomio burocrático en entidades como PRODUCE y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha dejado una huella inconfundible: una gestión alineada de principio a fin a las sugerencias e intereses de la patronal agrupada en la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP).

El inicio de la gestión fujimorista había generado una alta expectativa en la comunidad pesquera nacional. Los trabajadores del sector de la pesca industrial aguardaban que el mensaje presidencial de Keiko Fujimori comprometiéndose a brindarle una nueva tónica en el Estado con una gestión diligente y eficiente, anunciaba cambios sustanciales en PRODUCE. Se esperaba un gobierno con la voluntad política y capaz de convocar a profesionales idóneos que conozcan el sector, biólogos e ingenieros que abundan en la academia y en el sector pesquero del país, para manejar con responsabilidad la pesca nacional.

Lamentablemente, se apostó por el continuismo más puro al reponer a los mismos cuadros del pasado. En lugar de inspirar confianza y devolver la tranquilidad, esta decisión ha enviado un mensaje funesto a la masa laboral pesquera, confirmando que la agenda de PRODUCE seguirá subordinada a la rentabilidad de las grandes empresas y a los viejos acuerdos de poder ejercidos ahora sin intermediarios desde el sillón presidencial.

Esta inesperada decisión ha armado de argumentos a la comunidad pesquera y a los gremios de trabajadores para elevar sus demandas hacia reformas de fondo. Ante el evidente continuismo, el sector pesquero exige ahora más que nunca la refundación del Ministerio de Pesquería, para contar con una entidad con rango propio que deje de ver el mar únicamente a través de las cifras de exportación de la harina de pescado y asuma con rostro social el manejo de la pesca nacional, priorizando la protección del recurso anchoveta que garantice la sostenibilidad de miles de familias de pescadores y trabajadores de plantas industriales. Otra medida urgente es instalar la meritocracia y devolver la autonomía científica al Instituto del Mar del Perú (IMARPE), asegurando que las vedas, cuotas y apertura de temporadas se decidan por estrictos criterios biológicos y no por presiones empresariales. Y, finalmente, la revisión integral del Decreto Legislativo 1084 y su reglamento, para precisar vacíos legales, dictar normas complementarias y modificar o eliminar artículos que desnaturalizan el objetivo de la ley, de tal manera que se puedan establecer reglas claras sin privilegiar ni perjudicar al pescador ni al armador, empezando con garantizar el cumplimiento obligatorio de los derechos económicos y laborales de los tripulantes en cada temporada de pesca respecto a las cuotas individuales de sus embarcaciones y los sistemas de rotación que deben ser objetivos, equitativos y justos.

Apostar por la gobernabilidad y darle estabilidad política a nuestro país, no significa para los pescadores industriales perpetuar el continuismo ni entregar el sector a la patronal. Al ignorar o desaprovechar la oportunidad histórica de establecer el orden y eficiencia en la pesca nacional y, por el contrario, apoyarse en la vieja burocracia, el gobierno fujimorista arranca con el pie izquierdo su gestión, avivando más la lucha de los gremios sindicales por la dignidad laboral, la preservación de la biomasa y la refundación del Ministerio de Pesquería.

(*) ABOGADO Y PERIODISTA

19/07/2026

LA REFUNDACIÓN DEL MINISTERIO DE PESQUERÍA ES URGENCIA NACIONAL

POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE (*)

El inicio del gobierno de Keiko Fujimori abre una ventana de oportunidad crucial para corregir rumbos que llevan décadas torcidos. Entre las múltiples reformas pendientes que el nuevo Poder Ejecutivo deberá asumir, hay una deuda histórica, ambiental y social que no puede seguir postergándose bajo la alfombra de las cifras macroeconómicas: la reconducción de la política pesquera nacional a través de la urgente refundación del Ministerio de Pesquería.

Veinticuatro años han transcurrido desde que la Ley 27779 disolviera la cartera de Pesquería para integrarla al actual Ministerio de la Producción (PRODUCE). El tiempo, juez implacable de las políticas públicas, ya dictó su veredicto: esta fusión fracasó en su objetivo de establecer una pesca responsable. Juntar la industria manufacturera con la actividad extractiva pesquera fue un error histórico de diseño institucional. Mientras la manufactura trabaja con insumos inertes y procesos controlables en una fábrica, la pesca depende de un ecosistema vivo, dinámico y vulnerable. Al centralizar las decisiones en un ministerio con una mirada predominantemente proindustria, el Estado priorizó de forma obsesiva EL CUÁNTO (las toneladas de harina de pescado, el PBI sectorial, los récords de exportación), abandonando por completo EL CÓMO. Llegó la hora de que el fin deje de justificar los medios financieros del gran empresariado y de devolverle el rostro humano a la gestión pesquera.

La lógica de PRODUCE ha sido clara: si los números de exportación crecen, el sector "está bien". Pero ese enfoque de oficina centralizada en Lima ignora la sistemática desnaturalización de leyes concebidas originalmente para garantizar una pesca responsable y equitativa. Al amparo de la mirada proindustria del ministerio, las reglas de juego se han ido adaptando progresivamente a las realidades financieras de las empresas pesqueras, creando privilegios normativos volviendo vulnerable el recurso y quebrando la paz social en la masa laboral del sector. Dos ejemplos técnicos demuestran la gravedad de esta herencia:

Uno de ellos es el Decreto Supremo 024-2016-PRODUCE, norma que debía evitar el descarte de recursos en alta mar y que terminó convertida en una "carta libre" para la captura indiscriminada, ya que, al renunciar a la fiscalización sobre la talla mínima de la anchoveta (12 cm) y el 10% de tolerancia máxima de pesca juvenil (fijadas legalmente en la R.M. 209-2001-PE), el Estado sacrificó la sostenibilidad de la biomasa en sus etapas más críticas con tal de mantener el flujo de las plantas de harina de pescado, ignorando las denuncias de los pescadores desde las mismas zonas de pesca reportando capturas con altísima presencia de anchoveta juvenil (peladilla).

El otro ejemplo es la desnaturalización del Decreto Legislativo 1084, Ley de Cuotas que fue concebida para establecer un control individualizado y ordenado de los límites máximos de captura por embarcación (cuotas de pesca) y terminó torciendo su objetivo hacia un manejo de cuotas de manera grupal que favorece al armador. Esta distorsión destruyó también los sistemas de rotación laboral interna e impidió que miles de tripulantes industriales completen sus cuotas de manera individual. Lo peor es que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) se encuentra atada de manos, toda vez que, cuando intenta intervenir ante estos abusos, el armador se ampara en los vacíos e interpretaciones ambiguas que el propio marco normativo proindustrial le permite, dejando al trabajador en la más absoluta desprotección.

Otro síntoma doloroso de la ausencia de un ministerio exclusivo en el sector, es la impunidad en los puntos de desembarque. Por años, el Estado ha privatizado y encargado a terceros la ejecución del Programa de Control y Vigilancia. Esta tercerización institucionalizó un perjuicio directo contra el pescador a través de las alarmantes discrepancias en las balanzas industriales. Cualquier tripulante, por experiencia y por la flotabilidad de la nave, sabe cuánta carga lleva en bodega; sin embargo, al pasar por el pesaje de estas empresas supervisoras, las cifras caen drásticamente. Estas discrepancias alcanzan hasta un 30% en las descargas, lo que significa que al pescador se le confisca su esfuerzo y se le paga solo por el 70% de lo que realmente extrajo del mar.

El pedido que la pesca nacional le hace a la gestión de Keiko Fujimori no busca construir enemigos ni destruir a la inversión privada, la cual es un motor innegable para el país. Lo que se exige es que el Estado recupere su rol de árbitro supremo, firme y justo, donde no existan privilegiados ni perjudicados. Para legitimar el "cuánto" a través del "cómo", la creación del nuevo Ministerio de Pesquería debe venir acompañada de tres medidas de ejecución inmediata:

1) El Estado debe asumir de manera directa y sin intermediarios privados, el Programa de Control y Vigilancia en los desembarques. Se debe implementar un software de alta tecnificación y balanzas electrónicas automatizadas que transmitan el pesaje en tiempo real, eliminando la manipulación humana y acabando para siempre con el fraude del 30% en todos los puntos de descarga de anchoveta establecidos a lo largo de nuestro litoral.
2) Trazabilidad absoluta de la materia prima, la misma que se puede lograr con la implementación obligatoria de sistemas de código de barras desde las líneas de producción de los sacos de harina de pescado (Consumo Humano Indirecto) para frenar el contrabando y el blanqueo de recursos. Paralelamente, se debe ejecutar una fiscalización cruzada rigurosa en el Consumo Humano Directo para asegurar que la anchoveta destinada a la producción de conservas no sea desviada clandestinamente a las fábricas de harina de pescado, garantizando que llegue de forma real y económica a las mesas populares de los peruanos.
3) El nuevo Ejecutivo debe sentar de inmediato en una mesa técnica transparente a los gremios de trabajadores pesqueros y a los representantes empresariales. El objetivo supremo es revisar integralmente el actual marco jurídico que regula la pesca nacional, incluyendo la Ley General de Pesca, el D.L. 1084 y el D.S. 024-2016-PRODUCE, para cerrar los vacíos legales, asegurar la protección estricta de la biomasa, formalizar y proteger las primeras cinco millas de la pesca artesanal, y devolverles los derechos laborales y la estabilidad a las tripulaciones.

A esta precarización en alta mar se suma la crueldad del abandono social en tierra. Miles de pescadores jubilados que entregaron su salud y sus mejores años al motor económico del país hoy arrastran pensiones de miseria o la exclusión total de los sistemas de asistencia social, entrampados en demoras burocráticas inhumanas mientras las empresas reportan balances exitosos.

El éxito de la gestión del gobierno entrante en el sector pesquero no se medirá por cuántas toneladas de harina de pescado se despachen al extranjero, sino cuando apague la actual mirada del Estado (fría y exclusivamente corporativa) y empiece a gobernar, con firmeza y tecnología, mirando también a los trabajadores de mar. El primer paso importante es la refundación del Ministerio de Pesquería.

(*) ABOGADO Y PERIODISTA

16/07/2026

LA CIENCIA EXIGE EL CIERRE INMEDIATO DE LA TEMPORADA DE PESCA DE ANCHOVETA

POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE (*)

En el escenario ficticio que ha construido la SNP, las metas comerciales y las cuotas de captura parecen ignorar las alertas físicas que el mar peruano viene registrando en tiempo real, y su obstinación por mantener suspendida la presente temporada de pesca choca frontalmente contra las evidencias del IMARPE y el ENFEN, exponiendo innecesariamente al recurso, a los pescadores y a la propia industria a una grave crisis en un futuro muy cercano.

El manejo responsable de la pesca de anchoveta (en la verdadera realidad y no en la virtual de la SNP), se debe regir bajo un estricto rigor científico ajeno a las proyecciones de rentabilidad empresarial. El Comunicado Oficial ENFEN N° 12-2026 mantiene un estado de Alerta de El Niño Costero, proyectando que en la región Niño 1+2 las condiciones cálidas mantendrán una magnitud fuerte hasta octubre de 2026. En paralelo, las evaluaciones técnicas del IMARPE constatan que la anchoveta no abunda de manera uniforme, sino que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad: fuertemente replegada hacia el litoral y a profundidades inusuales para escapar del agua cálida.

Hasta hace poco, el único enemigo de la sostenibilidad era el factor climatológico provocado por el calentamiento anómalo de las aguas. Sin embargo, al ingresar al mes de agosto, se suma una variable biológica irreversible y determinante: el inicio del pico más alto del desove de invierno-primavera.

Científicamente, no existe margen técnico para prolongar la presente temporada hasta agosto. Someter a captura industrial a una especie que ya sufre estrés térmico, que está físicamente acorralada en el litoral y que empieza a desovar activamente es una receta directa para el colapso de la biomasa en las temporadas venideras.

La situación actual se ve agravada por una coyuntura de debilidad y parálisis gubernamental. Nos encontramos ante un gobierno saliente en el Ministerio de la Producción que carece de la voluntad política para confrontar las exigencias de la SNP, y un gobierno entrante que legalmente aún no puede intervenir ni tomar decisiones vinculantes.

Ante este vacío de liderazgo político, el IMARPE, como el máximo ente científico del mar peruano, debe dar un paso al frente. Si bien en sus dos últimos reportes el instituto recomendó "evaluar" la conclusión de la pesca, el rigor técnico exige que abandone las medias tintas y emita una recomendación expresa, taxativa y definitiva de cierre. El IMARPE ya ha demostrado firmeza al frenar los recientes intentos de la SNP de forzar una pesca exploratoria sin sustento; ahora es momento de consolidar esa postura científica frente a la presión empresarial.

Por otro lado, la prolongación innecesaria de la presente temporada de pesca no solo daña el ecosistema, sino que golpea directamente el sustento de las tripulaciones pesqueras. El pescador peruano no cuenta con estabilidad absoluta en otra actividad laboral debido a que su labor principal la realiza en el período que dura una temporada de pesca, por lo que su subsistencia depende de trabajos de oportunidad y contratos eventuales durante las vedas. Mantener abierta la temporada sin capturas reales o bajo constantes microvedas, condena a los pescadores a un limbo laboral. Necesitan que la temporada se cierre formalmente ya, dándoles la claridad y el tiempo oportuno para insertarse en empleos eventuales.

Irónicamente, la propia intransigencia de la SNP al querer mantener la temporada de pesca a toda costa, termina alimentando la agenda de las ONG ambientalistas y sectores antiindustria. Al ignorar las evidencias del IMARPE y del ENFEN, la SNP les entrega en bandeja de plata el argumento perfecto a estos colectivos para captar la atención nacional, presentándose como los únicos defensores del recurso y del clamor de los pescadores. El verdadero cuidado de la industria pesquera pasa por respetar la ciencia que la sostiene.

La primera temporada de pesca norte-centro 2026 ya no tiene razón de ser. El cambio climático es un proceso oceanográfico que no va a revertirse en el corto plazo y el ciclo del desove biológico no esperará decisiones políticas ni empresariales. El rigor científico y el principio precautorio deben primar de inmediato: PRODUCE debe ordenar el cierre definitivo de la temporada por el futuro de la anchoveta, por la estabilidad de los pescadores y por la propia viabilidad a largo plazo de la pesca peruana.

(*) ABOGADO Y PERIODISTA

12/07/2026

LA URGENCIA DE BAJAR A LA SNP DE SU REALIDAD VIRTUAL

POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE (*)

La pesca en el Perú se encuentra a la deriva, reflejando de manera casi perfecta la improvisación y el cortoplacismo que han caracterizado la política nacional en los últimos tiempos. Mientras el país vive una transición política, el sector pesquero industrial enfrenta una tormenta perfecta: los impactos climatológicos prolongados confirmados por el ENFEN y una alarmante desatención estatal que prioriza los resultados económicos de corto plazo por encima de la sostenibilidad del recurso y la dignidad de los pescadores industriales.

El gobierno saliente deja un escenario de profunda incertidumbre, marcado por cambios improvisados de ministros y una alarmante falta de prevención. El gran reto se traslada ahora al gobierno entrante de Keiko Fujimori, que asumirá las riendas del país por un periodo de cinco años. Para la nueva gestión, la pesca no puede seguir manejándose bajo una narrativa paralela y ficticia que resulta completamente ajena a lo que realmente sucede en el mar peruano.

El gran obstáculo para sincerar la crisis del sector tiene nombre y apellido. La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), a través de artículos publicados por su presidenta Jessica Luna, insiste de manera inútil en mantener una "realidad virtual" repitiendo un discurso que en el país ya nadie cree: que el manejo de la pesca industrial es un "modelo admirado en el mundo y un ejemplo a seguir por otros países".

Lejos de defender al sector industrial pesquero, esta acción de la presidenta de la SNP está logrando un efecto contraproducente y peligroso: le está dando vida y argumentos a las ONG proteccionistas y ambientalistas radicales. Al negar la realidad que ven todos los peruanos —especialmente los pescadores industriales—, la SNP genera una indignante coincidencia en la opinión pública: tanto los gremios sindicales (los verdaderos conocedores del mar) como las ONG terminan evidenciando que la SNP opera a ciegas. Jessica Luna debe dejar de lado la ficción digital y permitir que las acciones del nuevo gobierno descansen en la realidad que viven en carne propia los miles de pescadores industriales en cada temporada de pesca.

Esta desconexión de la SNP ha permitido que normativas perversas no puedan ser revisadas y sigan vigentes. Mientras la histórica R.M. 209-2001-PE fijaba con claridad la talla mínima de la anchoveta en 12 centímetros y en 10% la tolerancia máxima permitida para proteger el futuro del recurso, la introducción del D.S. 024-2016-PRODUCE terminó por actuar como un contrabando legal, porque su objetivo de "acabar con el descarte de juveniles en altamar evitando las multas", en la práctica se convirtió en la ventana legal para que las grandes empresas capturen juveniles de manera indiscriminada bajo esquemas permisivos de tolerancia.

Para ordenar el sector y acabar con el divorcio institucional donde el Ministerio de la Producción solo mira las cuotas globales y grupales de pesca de las grandes empresas por encima de la preservación del recurso, y el Ministerio de Trabajo ignora las condiciones socio laborales del pescador industrial, el nuevo gobierno debe evaluar con seriedad una medida estructural: el retorno del Ministerio de Pesquería.

Un ministerio especializado no es un capricho burocrático; es la herramienta indispensable para que en sus decisiones prevalezca la preservación de los recursos hidrobiológicos y para darle un rostro humano al manejo de la pesca nacional. No se puede seguir regulando el mar como si fuera una simple piscina de extracción monetaria, sin tomar en cuenta a la anchoveta ni al pescador. La creación del Ministerio de Pesquería permitirá unir en sus decisiones a la ciencia, la extracción y los derechos socio-laborales, garantizando que el pescador —activo y jubilado— deje de ser el eslabón más débil y se convierta en el eje de las políticas públicas. Junto a ello, se requiere una reestructuración profunda del IMARPE, instalando la meritocracia y la idoneidad en los puestos claves de su manejo institucional, que devuelva al ente científico su total independencia, garantizando que sus informes oceanográficos y biológicos no puedan coludirse ni someterse a las decisiones políticas del gobierno de turno o a las urgencias comerciales de las poderosas empresas pesqueras.

Tanto el pescador como el empresario comparten el mismo objetivo de fondo: beneficiarse de una explotación racional del recurso donde primen auténticas evidencias científicas. Sentar a estos dos actores para evaluar la verdadera realidad y no la virtual creada por la SNP, bajo la conducción de un Ministerio de Pesquería fortalecido, es la única vía para neutralizar la satanización mediática de la pesca industrial y salvar el futuro de las empresas pesqueras y la fuente de trabajo de miles de pescadores industriales.

(*) ABOGADO Y PERIODISTA

03/07/2026

LA PESCA INDUSTRIAL Y EL ESPEJISMO DE UN MODELO QUE IGNORA EL ROSTRO HUMANO

POR: CÉSAR CÓRDOVA PONCE (*)

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) ha instaurado en la opinión pública una narrativa que describe al modelo pesquero peruano como un ejemplo de gestión admirado a nivel mundial. Sin embargo, esta visión es una construcción mediática, sostenida por una red de "científicos" y brazos académicos a su servicio, diseñada para blindar una realidad virtual frente a la cruda crisis que viven miles de trabajadores.

La SNP se concentra exclusivamente en el impacto económico que el calentamiento de las aguas genera en la pesca de anchoveta, tratando al recurso y al sector como un mero activo financiero. En este análisis, la preservación del ecosistema y el destino de miles de familias de pescadores y obreros de plantas procesadoras son los grandes ausentes.

Para que la ciencia pesquera recupere su legitimidad, es urgente una reestructuración profunda del IMARPE basada en la meritocracia. La evidencia científica que guía la apertura de cada temporada de pesca y las cuotas de captura debe emanar de un ente con absoluta independencia y autonomía, libre de cualquier tipo de presión corporativa. La sostenibilidad de la anchoveta no puede seguir siendo dictada por los intereses de quienes buscan maximizar su rentabilidad a corto plazo, sino por profesionales idóneos cuyo único compromiso sea la salud de nuestro mar.

El modelo que pregona la SNP no solo es cuestionable en lo técnico, sino también en lo social. Se exhibe como un "modelo a seguir" a espaldas de la precariedad laboral. La libertad sindical es sistemáticamente debilitada y la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es tratada como un costo innecesario.

Para corregir esta injusticia, es imperativo fortalecer la acción fiscalizadora de la SUNAFIL. El escenario laboral del hombre de mar es atípico y complejo; por tanto, no basta con una fiscalización convencional. Se requieren fiscalizadores debidamente capacitados y especializados en la realidad del sector pesquero —tanto en flota como en plantas—, capaces de identificar y sancionar las irregularidades que hoy ocurren bajo el amparo de la invisibilidad. La protección de los derechos fundamentales del pescador debe ser una realidad, no una declaración de buenas intenciones.

La pesca industrial no puede seguir siendo tratada únicamente como una cifra estadística. Ante este escenario, es necesaria la creación de un Ministerio de Pesquería independiente, que se desligue de la tiranía del PBI y asuma una responsabilidad con rostro humano.

Las prioridades de esta nueva cartera deben ser innegociables. Ciencia con independencia, a través de un IMARPE meritocrático que garantice la sostenibilidad real del recurso. Fiscalización laboral especializada, con inspectores de SUNAFIL dotados de capacidad técnica para entender y proteger la singularidad del trabajo pesquero. Justicia social y diálogo con los trabajadores, rompiendo el monopolio de la voz empresarial en las decisiones del sector, garantizando un asiento vinculante a los sindicatos y organizaciones de trabajadores. Reglas parejas en la regulación de la pesca industrial, condicionando cualquier beneficio sectorial al estricto cumplimiento de los derechos laborales y de seguridad industrial.

La nueva administración que está por instalarse tiene ante sí la oportunidad histórica de romper con la narrativa virtual de la SNP. La soberanía de nuestro mar y la dignidad de los trabajadores pesqueros no pueden estar supeditadas a los intereses de una élite corporativa; deben ser la prioridad de una política de Estado que entienda que no existe industria exitosa si esta se construye sobre la depredación del mar y el desamparo de su gente.

(*) ABOGADO Y PERIODISTA