21/09/2024
Comunidades mayas, unidas contra los despojos de las mafias inmobiliarias en Yucatán
Texto y fotos: Patricio Eleicegui
Este es un vivo ejemplo de lo que viven las comunidades indígenas, no solo en Mérida, pero aquí queremos mostrar como y que pasa a estas comunidades, y que muchas veces por falta de dinero o conocimientos son abusados en sus derechos, tambien influye que muchas veces no comprenden los documentos por que el idioma es una barrera para ellos.
MÉRIDA, YUCATÁN.- Al frente de un bloque de poblaciones que luchan por desterrar los intentos de apropiación ilegal de lotes, parcelas y montes para la especulación, habitantes de Ixil,un pueblo que lleva más de un año en batalla contra las mafias inmobiliarias, encabezaron una marcha que, reunió a más de 20 comunidades mayas en la ciudad de Mérida con la exigencia de que cesen las maniobras de despojo en la misma península.
La movilización reunió a más de 600 personas provenientes de Kinchil, Celestún, Progreso, Samahil, Hunucmá, Tulum, Yaxcucul, Acanceh, Conkal, Playa del Carmen, Chapab, Sisal, Tekit, Sihó, Chacksinkín, San José Dzal, Chocholá, Seyé, Hopelchén, Texán y del mismo Ixil, entre otros municipios y comisarías, tanto de Yucatán como de Quintana Roo y Campeche.
Y se prolongó durante al menos tres horas bajo consignas como “Fuera de Ixil, ladrones de tierras”, “Unidos en defensa de nuestras tierras”, “No al despojo, afuera la corrupción” y “Fuera Abimerhi y Millet” estampadas en carteles y mantas que desafiaron las lluvias intermitentes de esa jornada.
Abimerhi y Millet resultan, precisamente, las principales familias que pugnan por quedarse de forma ilícita con más de 300 hectáreas pertenecientes al pueblo de Ixil. Se trata de dos de los apellidos más pesados de la oligarquía empresarial yucateca. Ambos gozan de aceitados vínculos con la gobernación panista que encabeza Mauricio Vila Dosal y la gestión de Renán Barrera Co**ha, actual presidente municipal de Mérida y candidato a la gobernación del estado también por el PAN.
La envergadura del vínculo es tal que la tentativa de despojo que impulsan los grupos de empresarios contó, el pasado 17 de agosto, con el apoyo de más de 300 policías estatales y agentes de la Fiscalía General del Estado que, con la premisa de respaldar la apropiación mediante el despliegue de alambradas ilegales, no dudaron en reprimir con gases, palos y piedras a las familias de campesinas y campesinos ixileños que, como cada día, durante las primeras horas de esa jornada intentaron llegar a sus tierras dedicadas a la agricultura y la ganadería.
En Yucatán, la familia Abimerhi domina el negocio de las gasolineras, las grúas para el acarreo de vehículos, los lavaderos de carros y también interviene en la reparación de automóviles. Por su parte, los Millet juegan fuerte en la producción industrial de aluminio y vidrio. Estos grupos de empresarios dicen disponer de documentación que les otorgaría la propiedad de la tierra que han intentado ocupar en el último año.
Por el contrario, la comunidad de Ixil y aquellas organizaciones que acompañan la lucha de este pueblo maya señalan que ambas familias intentan quedarse con los terrenos mediante la presentación de papeles espurios y documentos manipulados por Alejandro Escoffié y Rafael Acosta, dos personajes –empresario y abogado, respectivamente– que los pobladores relacionan directamente con la mafia inmobiliaria.
“No vamos a salirnos de nuestras tierras, son del pueblo maya de Ixil y seguimos cultivándolas. No permitiremos que estas familias y los políticos corruptos que las respaldan dejen sin sustento a cientos de familias campesinas y colonicen nuestra comunidad con sus fraccionamientos odiosos”, dijo, Henry Zaldívar Novelo, uno de los vecinos de Ixil.
“La orden de aseguramiento que emitió de manera ilegal la Fiscalía General del Estado (y que apuntaló las alambradas colocadas por ambas familias) nos impide el ejercicio de nuestros derechos como pueblo. Frente a ello, nuestra comunidad ha recurrido a la Justicia Federal, presentando dos amparos. A pesar de que las violaciones a nuestros derechos son muy graves, el Juzgado Quinto de Distrito se ha negado a otorgar la suspensión provisional”, explicó Peregrina Cutz Tec, también vecina ixileña.
“Esta decisión fue ratificada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, cuyo secretario de Acuerdos es hijo de la prima de Chikri Abimerhi, uno de los empresarios que encabeza el intento de despojo. Esto supone una falta administrativa que será puesta en conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal, y muestra cómo la élite yucateca se ha tomado todos los poderes y los usa de forma arbitraria en contra de los pueblos mayas”, agregó.
