29/10/2026
# ¿Y QUIÉN DEFIENDE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS?
Si los organismos defensores de los derechos humanos abogaran por las víctimas con la misma intensidad con la que defienden los derechos de quienes cometen delitos, probablemente estaríamos contando una historia muy distinta. Me resulta difícil comprender por qué, en tantas ocasiones, pareciera que la balanza se inclina hacia quienes causan daño, mientras las víctimas y sus familias quedan relegadas a un segundo plano. Comprendo perfectamente el valor intrínseco de los derechos humanos, su carácter universal, inherente e inalienable, y el hecho de que corresponden a toda persona por su simple condición humana. Eso no está en discusión. Lo que cuestiono profundamente es la aparente desigualdad en la atención, la defensa y la sensibilidad que se manifiesta frente a unos y otros. Porque los derechos humanos también pertenecen a quienes han sufrido la violencia, a quienes han perdido a un familiar y a quienes viven bajo el temor constante de la criminalidad.
Precisamente por esa realidad, considero comprensible el cansancio acumulado de la población y el respaldo que muchos ciudadanos han manifestado hacia las medidas recientemente adoptadas por el Congreso Nacional. Por supuesto, nunca faltan las voces que sostienen que ese no es el camino y que la verdadera solución debe encontrarse en la prevención, la rehabilitación y la reinserción social. Desde una perspectiva criminológica, reconozco que estos planteamientos tienen fundamento y constituyen elementos esenciales de una política criminal integral. Sin embargo, también debemos comprender que una sociedad golpeada durante décadas por la delincuencia necesita respuestas oportunas, decisiones firmes y resultados concretos. No podemos pretender que las soluciones exclusivamente preventivas o rehabilitadoras resuelvan, en el corto plazo, una crisis de seguridad que exige intervenciones inmediatas.
En ese contexto, considero particularmente interesante la experiencia de El Salvador, un fenómeno que personalmente denomino **«el milagro de El Salvador»**, por la transformación que ha experimentado su situación de seguridad. Su modelo merece ser analizado, no solamente por la severidad de las medidas implementadas contra las estructuras criminales, sino también por la diferenciación que plantea en el tratamiento de la población penitenciaria. Por un lado, existen programas orientados al trabajo, la disciplina y la rehabilitación de personas privadas de libertad por delitos de menor gravedad; por otro, se aplica un régimen considerablemente más estricto a quienes son identificados como integrantes de maras, pandillas y organizaciones criminales. Naturalmente, los resultados de estas políticas, sus alcances y sus implicaciones en materia de derechos humanos también deben someterse a un análisis riguroso.
Mi posición no consiste en desconocer los derechos fundamentales de ninguna persona, ni mucho menos en justificar actuaciones arbitrarias al margen de la ley. Como abogado, comprendo que el debido proceso, la presunción de inocencia y la dignidad humana constituyen garantías esenciales de un Estado de derecho. Sin embargo, también considero que **la protección de los derechos humanos no puede desarrollarse de espaldas al sufrimiento de las víctimas ni convertirse en un discurso que ignore la necesidad de combatir eficazmente la criminalidad**. La rehabilitación es necesaria, la prevención es indispensable y la reinserción social debe formar parte de toda política criminal seria; pero también lo son la justicia, la protección ciudadana y la aplicación firme de la ley. Porque una sociedad verdaderamente comprometida con los derechos humanos debe defenderlos integralmente, sin preferencias, sin indiferencias y, sobre todo, sin olvidar a quienes han sufrido las consecuencias de la violencia.
