23/02/2026
COLUMNA DE OPONION
Coactivas en Ecuador: ¿justicia o angustia ciudadana?
El mecanismo de ejecución coactiva en Ecuador nació como una herramienta para que el Estado recupere deudas de forma eficiente y directa. Sin embargo, en los hechos se ha convertido, para muchos ciudadanos, en una fuente de angustia, incertidumbre y vulneración de derechos fundamentales.
A lo largo de los últimos años, miles de ecuatorianos han expresado su frustración y alarma porque procesos coactivos les fueron notificadas de forma sorpresiva o indebida. Adultos mayores, por ejemplo, se han visto envueltos en coactivas por deudas que aseguran no haber contraído o cuyos orígenes datan de décadas atrás, afectándolos incluso con el bloqueo de sus cuentas bancarias sin previo aviso ni claridad sobre el procedimiento.
En otros casos, usuarios de servicios públicos han alertado que se aplican cobros coactivos por valores que no reconocen, con notificaciones defectuosas o inexistentes. Estas experiencias, repetidas en distintas provincias, muestran que lo que debería ser una herramienta administrativa eficaz se está percibiendo como una amenaza directa al patrimonio, la tranquilidad y la dignidad de las personas.
Son quejas que trascienden cifras y trámites: son personas que no recibieron notificaciones oportunas, cuyos títulos de deuda tienen inconsistencias o cuyos bienes se encuentran embargados sin un proceso de defensa claro. Esta realidad pone en evidencia una brecha entre la normativa vigente y su aplicación práctica, y revela una seria erosión del debido proceso cuando las garantías constitucionales no se respetan cabalmente.
El problema no radica únicamente en la existencia de un proceso coactivo, sino en cómo se implementa: sin verificación documental adecuada, sin mecanismos claros de defensa para el deudor y, en muchos casos, sin respuestas ágiles ante errores que son evidentes.
La solución no está en abolir la coactiva, sino en fortalecerla con procesos respetuosos del debido proceso, sistemas de notificación eficaces, revisión técnica rigurosa de títulos de deuda y atención especializada para evitar que ciudadanos honestos sufran consecuencias extremas ante supuestos errores administrativos.
Como sociedad, debemos exigir que la justicia y la eficiencia no sean exclusivas del Estado, sino que también sean herramientas que protejan al ciudadano.
Porque si el objetivo es recuperar deuda, ese proceso debe garantizar seguridad jurídica, transparencia y respeto por los derechos de quienes, muchas veces sin mala fe, se enfrentan a un sistema que les resulta hostil.
