07/08/2026
𝗘𝗻 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗗𝗲𝗿𝗲𝗰𝗵𝗼 𝘆 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹
Me he mantenido al margen de este tema durante mucho tiempo, no por temor al Poder Ejecutivo, ni a ningún otro poder del Estado, sino porque, como Funcionario Judicial, siempre existe el riesgo de que una opinión pública sea interpretada como “beligerancia política”. He sido objeto de investigaciones disciplinarias por las razones más inverosímiles en el pasado, por lo que conozco bien esa posibilidad.
Sin embargo, hoy el propio Poder Judicial nos autorizó a participar en un plantón nacional en defensa de la institucionalidad democrática. Considero, por ello, que es el momento de expresar una preocupación y mi criterio al respecto.
Desde que tengo memoria, y durante mis casi dieciocho años como funcionario judicial, nunca había presenciado un ambiente institucional como el que vive hoy Costa Rica. Resulta profundamente preocupante escuchar al Presidente de la Asamblea Legislativa anunciar públicamente que no acatará las sentencias de la Sala Constitucional.
Del mismo modo, inquieta que la Presidenta de la República afirme que el país sufrió un “golpe de Estado” porque un tribunal constitucional dictó una resolución contraria a los intereses del Ejecutivo, pero posteriormente denuncie penalmente a los magistrados que la emitieron. Cualquier persona tiene derecho a acudir a los mecanismos legales que el Estado de Derecho ofrece, precisamente esa posibilidad existe para ella porque vivimos bajo un sistema democrático.
Pero una democracia no se sostiene únicamente por la existencia de elecciones, también depende de que todos los poderes públicos respeten los límites que la Constitución les impone y acaten las decisiones de los órganos competentes, aun cuando no compartan su contenido. Costa Rica abolió su ejército hace más de siete décadas, desde entonces, nuestras crisis institucionales se han resuelto mediante el Derecho y no por la fuerza. Esa ha sido una de las mayores fortalezas de nuestra República.
Por eso me preocupa profundamente la posibilidad de que la cabeza del Legislativo y su bancada decidan desconocer resoluciones judiciales. Si ello llegara a ocurrir, enfrentaríamos una crisis constitucional de una magnitud que nuestro país no ha vivido en generaciones.
Defender la independencia judicial significa defender el derecho de todos los habitantes de Costa Rica a vivir en un país donde las diferencias se resuelven conforme a la Constitución y a la ley, no por la voluntad de quien ejerce el poder en un momento determinado. Hoy participé en este acto con esa convicción, no puede aceptarse como algo normal que se desconozca el Estado de Derecho.
