26/08/2026
¿QUIÉN PUEDE DUDAR, OBJETIVAMENTE, DE QUE LAS REFORMAS EN EL PODER JUDICIAL SON NECESARIAS Y URGENTES?
Nuestro bufete, como ejercicio de responsabilidad social, patriótica y ciudadana, y como obligados protagonistas, por favor de nuestra profesión, en la defensa del Estado de Derecho y de la Democracia, así como en franca procura de la concordia, la construcción y la mejora de nuestras instituciones esenciales, nos vemos motivados a proponer una modesta opinión, con la mejor intención de generar conversación en torno a uno de los temas más relevantes y vigentes de la actualidad nacional.
De seguido nuestra propuesta:
PRIMERO. Un diseño coherente con el modelo de Estado costarricense y realista frente a la coyuntura actual de polarización, crisis de seguridad y saturación administrativa debe partir de tres premisas:
1. Preservar y reforzar la independencia del Poder Judicial frente a los otros Poderes, especialmente en un momento de fuerte tensión institucional.
2. Separar nítidamente la función jurisdiccional de las funciones de investigación, acusación, defensa y pericia científica.
3. Profesionalizar la gestión administrativa judicial, superando el modelo “cortecéntrico” reiteradamente diagnosticado por el “Estado de la Justicia” (PEN).
SEGUNDO. Debe diseñarse una reforma sustancial, dirigida a construir un Sistema de Justicia Independiente con Especialización Funcional y Gobierno Judicial Profesionalizado.
TERCERO. La coyuntura política y la crispación de voluntades, no son propicias para cambios radicales, que aunque deseables, no resultarían viables. No se trata, por ahora, de sacar radicalmente al Ministerio Público, al OIJ o a la Defensa Pública del ámbito de protección constitucional del Poder Judicial, porque ello aumentaría el riesgo de captura política de entes estratégicos como la Fiscalía y la Policía técnica de investigación criminal.
CUARTO. Por ahora, bastaría con reorganizar internamente con claridad de roles, mayor autonomía funcional y gestión administrativa profesional. Quizá un modelo a considerar sería el siguiente:
1. Núcleo del Poder Judicial (función jurisdiccional pura).
El Poder Judicial, en sentido estricto, queda integrado exclusivamente por los órganos que ejercen jurisdicción, es decir:
-Corte Suprema de Justicia (Las cuatro Salas).
- Tribunales de Apelación y de Casación.
- Tribunales de Juicio.
-Juzgados de todas las materias.
-Ámbitos con competencia para resolución de conflictos.
La Corte Plena (integrada por la totalidad de Magistrados) se concentra en:
Funciones jurisdiccionales de máxima instancia y unificación de jurisprudencia.
Control de constitucionalidad.
Nombramiento, traslado y destitución de jueces de carrera (con base en propuestas técnicas del Consejo de la Judicatura).
Supervisión estratégica de alto nivel (participación lógica en establecimiento de políticas institucionales y política criminal) y aprobación de lineamientos generales para la cultura judicial y la visión institucional.
Nombramiento de los máximos jerarcas de los órganos auxiliares (Fiscal General, Director del OIJ, Director de la Defensa Pública y Director del Instituto Forense), mediante mecanismos técnicos de alta calificación y transparencia.
A partir de estas medidas de reforma, se le libera de la microgestión administrativa, presupuestaria y de personal ordinario.
2. Consejo Superior del Poder Judicial (gobierno y administración profesionalizados).
Se fortalecería sustancialmente el Consejo Superior, transformándolo en el verdadero órgano de gobierno y administración del sistema judicial. La reforma podría incluir lo siguiente:
- Composición:
-Mayoría de jueces electos por sus pares (representación equilibrada de instancias y materias) más una minoría de miembros externos de alta calificación (académicos, administradores públicos, abogados de reconocida trayectoria), designados por mecanismos técnicos y no políticos.
- Competencias plenas:
- Ejecución del presupuesto del Poder Judicial.
-Gestión de talento humano de la carrera judicial no jurisdiccional.
-Infraestructura, tecnología, planificación estratégica y modernización.
- Régimen disciplinario ordinario.
- Supervisión administrativa (no técnica) de los órganos auxiliares.
Este diseño responde directamente a la crítica reiterada del “Estado de la Justicia” sobre la saturación de la Corte Plena y permite una gestión más profesional y eficiente.
3. Autonomías necesarias.
Según el modelo propuesto de Sistema de Justicia Independiente con Especialización Funcional y Gobierno Judicial Profesionalizado, la autonomía no se otorga de manera absoluta ni se saca a estos órganos del ámbito de protección constitucional del Poder Judicial. Se trata de una autonomía funcional y orgánica reforzada, delimitada, que profundiza y precisa lo que ya existe parcialmente en la legislación vigente, para evitar tanto la subordinación jerárquica indebida como el riesgo de captura política externa.
Algunas consideraciones con relación a las autonomías y sus márgenes, serían:
a. Base jurídica general para dotar y circunscribir las autonomías.
La base principal es de rango legal (no se requiere reforma constitucional profunda en la mayoría de los aspectos):
-Ley Orgánica del Poder Judicial que ya establece que el Ministerio Público, el OIJ y la Defensa Pública dependen del Consejo Superior únicamente en lo administrativo y no en lo técnico profesional y el Título VI sobre órganos auxiliares de la administración de justicia.
- Ley Orgánica del Ministerio Público que ya reconoce “completa independencia funcional”.
- Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial.
- Nueva ley de creación del Instituto Costarricense de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
- Principios constitucionales de separación de poderes, independencia del Poder Judicial y garantía presupuestaria mínima, que sirven de marco de protección y de límite.
b. Circunscripción de las autonomías (límites necesarios):
- Sujeción plena a la Constitución Política y a la ley.
- Control jurisdiccional por los tribunales (especialmente Sala Constitucional).
- Rendición de cuentas administrativa y presupuestaria ante el Consejo Superior del Poder Judicial y, en aspectos estratégicos, ante la Corte Plena.
- No pueden ejercer funciones jurisdiccionales.
- No se subordinan al Poder Ejecutivo ni a mayorías legislativas coyunturales.
c. Autonomía funcional y orgánica reforzada del Ministerio Público
El punto de partida es el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (independencia funcional ya reconocida) y el artículo 89 de la LOPJ (dependencia solo administrativa).
Cómo se refuerza:
1) Autonomía funcional que ya existe, pero se precisa y protege:
- Se mantiene y se refuerza expresamente la independencia en la dirección de la investigación preparatoria, el ejercicio de la acción penal y la adopción de criterios de prioridad y política criminal institucional.
- El Fiscal General y los fiscales no reciben instrucciones de la Corte Plena ni del Consejo Superior sobre casos concretos (salvo el control jurisdiccional ordinario).
- Se establece que las instrucciones jerárquicas internas solo pueden ser de carácter general (políticas, criterios de actuación), nunca sobre el sentido de una decisión en un caso particular, salvo las excepciones legales de sustitución.
2) Autonomía orgánica (el refuerzo principal):
- Fortalecimiento de la unidad administrativa propia, con mayor capacidad de gestión.
- Capacidad del Fiscal General para proponer y organizar la estructura interna de fiscalías especializadas, con aprobación del Consejo Superior solo en aspectos administrativos y presupuestarios generales.
- Carrera fiscal apegada a criterios técnicos, con mayor autonomía de gestión (concursos, ascensos, evaluación), separada de la carrera judicial y de la defensa, con prohibición de rotación por períodos prolongados.
- Ejecución presupuestaria más directa en las partidas técnicas y operativas (dentro del presupuesto global del Poder Judicial), con controles de la Contraloría General de la República y del Consejo Superior.
- Personalidad jurídica propia o semiautónoma limitada (capacidad de contratar, gestionar bienes y comparecer en juicios en defensa de su autonomía), sin sacar al MP del “paraguas” presupuestario y de independencia del Poder Judicial.
3) Mecanismo de nombramiento y estabilidad del Fiscal General (pieza clave de la autonomía orgánica):
- Concurso público de antecedentes o terna elaborada por un órgano técnico (Consejo de la Judicatura o comisión mixta) y designación por la Corte Plena con mayoría calificada.
- Período fijo (6 u 8 años), no renovable o renovable una sola vez.
- Causales de remoción tasadas y procedimiento garantista (solo por causas graves, con debido proceso).
Esto eleva la independencia real sin convertir al MP en un órgano extrapoder vulnerable a la polarización política actual.
d. Autonomía de las demás instituciones auxiliares
1. Defensa Pública
- Se refuerza el artículo 150 de la LOPJ: dependencia del Consejo Superior solo administrativa; plena autonomía técnico-profesional.
- Carrera propia y separada, con prohibición expresa de rotación con judicatura y fiscalía durante lapsos significativos.
- Mayor autonomía para solicitar peritajes, recursos investigativos y gestionar su estructura interna.
- El Jefe de la Defensa Pública se nombra con un mecanismo de alta calificación similar (aunque de menor rango) al del Fiscal General.
2. Organismo de Investigación Judicial (OIJ)
- Se mantiene la dependencia administrativa del Consejo Superior.
- Se precisa y fortalece la dirección funcional de las investigaciones por parte del Ministerio Público (ya prevista en el Código Procesal Penal, Ley Orgánica del MP y Ley Orgánica del OIJ).
- Se separa definitivamente de las funciones científicas y periciales (que pasan al nuevo Instituto).
- Carrera policial judicial con mayor profesionalización y estabilidad, bajo estrictos parámetros técnicos.
-Se fortalecen los ámbitos de reclutamiento, capacitación y entrenamiento.
-Se retoma la creación de la Academia propia.
3. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (nuevo órgano).
-Se crea como entidad semiautónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al sistema de justicia pero independiente del OIJ y del Ministerio Público. Tendría las siguientes características:
-Consejo Directivo de carácter técnico: Con delegados de los colegios profesionales relevantes (Médicos y Cirujanos, Microbiólogos y Químicos Clínicos, Abogados), de universidades con programas forenses, más un representante del Poder Judicial, uno del Ministerio Público y uno de la Defensa Pública.
-Funciones: prestación de servicios periciales imparciales a todas las partes del proceso penal (jueces, fiscales, defensores y víctimas), investigación científica forense, formación y acreditación de calidad.
- Autonomía técnica, de gestión y presupuestaria protegida.
-El Director sería nombrado por la Corte Plena a partir de una terna técnica elaborada por el Consejo Directivo del Instituto.
Esta separación sería la reforma de fondo más importante desde el punto de vista de la independencia y objetividad pericial, y de la legitimidad científica del sistema en su conjunto e interacción. Elimina el conflicto estructural actual en el que el mismo cuerpo que investiga produce la prueba pericial.
e. Aspectos coyunturales
En la coyuntura actual, caracterizada por distanciamiento institucional y defectos de convergencia, esta propuesta ofrece las siguientes ventajas:
- Permite avance por fases y es mayoritariamente realizable mediante reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley del OIJ y una ley específica de creación del Instituto Forense (sin necesidad de reforma constitucional profunda en la mayoría de sus aspectos).
- Responde a diagnósticos técnicos internos (Distracción funcional de la Magistratura, saturación administrativa, necesidad de especialización, problemas de neutralidad pericial).
- Protege la independencia frente a intentos de subordinación política de las entidades operadoras y auxiliares, al mantener el “paraguas” del Poder Judicial mientras profesionaliza y especializa las novedades organizacionales.
- Mejora la eficiencia operativa y la calidad científica en un contexto de alta criminalidad.
- Equilibra el sistema acusatorio al fortalecer la autonomía real de la defensa y la neutralidad de la prueba, al tiempo que permite la autogestión de los órganos auxiliares del Sistema de Justicia.
- La autonomía es instrumental: sirve a la imparcialidad, a la especialización y al equilibrio del sistema acusatorio, no a la creación de “feudos” independientes del sistema de justicia.
-El mecanismo principal es la reforma legislativa ordinaria de las leyes orgánicas mencionadas, complementada con reglamentos internos aprobados por la Corte Plena o el Consejo Superior. Donde se quiera mayor solidez (por ejemplo, el nombramiento del Fiscal General o la personalidad jurídica del Instituto), se puede elevar a mayoría calificada.
FINALMENTE
Este diseño pretende ser técnico, razonable y jurídicamente sólido. Busca evitar tanto el inmovilismo del modelo actual como las propuestas de separación radical que, en la polarización presente, podrían debilitar los contrapesos institucionales.
La implementación y éxito de las reformas que se acuerden y materialicen para el Poder Judicial, dependerán de un proceso deliberativo amplio, con participación técnica del propio Poder Judicial, y de un diseño cuidadoso de los mecanismos de nombramiento y de las imprescindibles salvaguardas de autonomía, que, para la salud de un Estado eficiente, resultan imprescindibles.
En 360 Legal Group, seguimos creyendo, convencidamente, en la participación activa de la ciudadanía en los procesos democráticos que permitan la concordia, la paz social, la vigencia del Estado de Derecho y la supervivencia de la Democracia.
