Javier Garcia Valencia

22/08/2026

Allá por 2009, cuando comenzaba a profundizar un poco más en el estudio del Derecho Penal, llegó a mis manos el libro titulado “La tentativa”, del profesor argentino Carlos Parma. Poco después leí “Culpabilidad. Lineamientos para su estudio”. Y así, muchos de sus libros acompañaron una etapa muy importante de mi formación y, sin duda, el profesor Parma se convirtió en uno de mis grandes referentes en esta apasionante área del Derecho.

Tiempo después, por recomendación de mi querido amigo Ëddy Ordoñez Tapia, conocí el libro “La sentencia penal entre la prueba y los indicios”. Fue uno de esos libros que no se quedan simplemente en una primera lectura: todavía hoy vuelvo a sus páginas y encuentro herramientas y reflexiones que me resultan muy útiles en el litigio cotidiano.

Con los años tuve, además, el privilegio de ser estudiante del profesor Parma en distintos cursos y espacios académicos.

Por eso, hoy me produce una enorme alegría y, sobre todo, mucha gratitud ser parte del Congreso Boliviano de Ciencias Jurídico Penales, realizado en homenaje al profesor Carlos Parma. Un espacio en el que, además, tendré la fortuna de compartir disertaciones con grandes profesionales a quienes admiro, aprecio profundamente y, en varios casos, tengo la suerte de poder llamar amigos.

A veces la academia tiene estas lindas coincidencias: primero conocemos a nuestros maestros a través de sus libros; después tenemos la oportunidad de escucharlos y aprender directamente de ellos; y, con el tiempo, la vida nos permite compartir un mismo espacio académico.

Les dejo los datos para las inscripciones. Será un gusto encontrarnos y compartir Derecho Penal.

Un abrazo.

21/08/2026

Hace algún tiempo vengo observando, en distintas redes sociales, publicaciones de colegas abogados que comentan y comparten sentencias constitucionales, Autos Supremos y otros criterios jurisprudenciales. Me parece excelente que estos temas se difundan, se discutan y que, además, cada profesional utilice estos espacios para mostrar su trabajo y compartir conocimiento.

Sin embargo, hay algo que me genera cierta preocupación.

Cada vez es más frecuente escuchar a colegas e incluso a autoridades del sistema de administración de justicia repetir textualmente lo que alguien afirmó en una publicación, dando por sentado que ese comentario refleja exactamente lo que dice una determinada Sentencia Constitucional o Auto Supremo.

Y creo que ahí debemos tener un poco más de cuidado.

Una publicación en redes sociales puede orientarnos, puede llamar nuestra atención sobre un fallo interesante e incluso puede ofrecernos una interpretación valiosa. Pero no reemplaza la lectura de la resolución. Lo que alguien publica no necesariamente constituye la ratio decidendi del fallo, ni mucho menos una verdad absoluta sobre su contenido o alcance.

Todos podemos equivocarnos al interpretar una resolución —por supuesto, me incluyo—. Precisamente por eso, antes de citar un precedente, incorporarlo en un memorial o, con mayor razón, utilizarlo como fundamento de una decisión judicial, deberíamos tomarnos el tiempo de buscarlo, leerlo completo, conocer los hechos que lo originaron y verificar qué fue realmente lo que decidió.

Las redes sociales son una gran herramienta para compartir conocimiento jurídico. Pero quizá también nos están dejando una tarea pendiente: no confundir la difusión de jurisprudencia con el estudio de la jurisprudencia.

Al final, citar lo que otro dijo que dice una sentencia nunca será lo mismo que haberla leído.

08/08/2026

Hace algunos días recibí la amable invitación de parte del Ministerio Público de la República del Perú 🇵🇪 para participar en este Ciclo Internacional de Conferencias, acompañado de grandes profesores y amigos.

El 25 de agosto estaré en Perú (aunque virtualmente) para conversar sobre un tema que me apasiona: cómo los sesgos cognitivos pueden influir en la investigación penal y qué herramientas nos ayudan a reducir errores para lograr decisiones más objetivas.

Será un verdadero gusto compartir este espacio con tan destacados expositores, amigos y con todos los participantes. ¡Muchas gracias por la confianza!

30/07/2026

Hace unas semanas les comenté que, junto a colegas comprometidos con el fortalecimiento del sistema de justicia, presentamos una Acción Popular con un objetivo muy claro: que el Estado boliviano asuma la obligación de diseñar e implementar una política pública seria, coherente y sostenible para garantizar una asignación adecuada de recursos a la administración de justicia.

Muchos me han preguntado cómo va el proceso. La verdad es que me gustaría contarles los resultados, pero aún no ha sido posible. Ya son dos audiencias que fueron suspendidas, por lo que seguimos esperando que finalmente pueda llevarse adelante el análisis de fondo del caso.

Sin embargo, hoy fuimos notificados con el informe presentado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que interviene en este proceso en calidad de tercero interesado. Lo que más llamó mi atención fue que gran parte de su informe no se limita a desarrollar aspectos propios de esa condición procesal, sino que cuestiona la acción como si se tratara de una de las entidades accionadas.

Entre otros argumentos, sostiene que el Tribunal Constitucional no tendría legitimación pasiva, confundiendo la calidad procesal con la que participa; afirma que no existiría un nexo de causalidad respecto de esa institución y, finalmente, solicita que la tutela sea denegada. Pero lo más sorprendente es que también pide que los accionantes seamos sancionados con una multa de Bs. 10.000, alegando una supuesta actuación maliciosa.

Debo admitir que, cuando terminé de leer el informe, por un momento pensé que se trataba de un mal chiste.

Lo llamativo es que esta Acción Popular nunca fue concebida para responsabilizar al Tribunal Constitucional ni a ninguna institución en particular por la crisis estructural de la justicia. Su finalidad siempre ha sido impulsar que los órganos del Estado, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, asuman la responsabilidad que les corresponde para garantizar un servicio de justicia que funcione adecuadamente y responda a las necesidades de la ciudadanía.

Si algo evidencia este tipo de respuestas es que, en ocasiones, resulta más sencillo defender posiciones institucionales que asumir una reflexión crítica sobre los problemas que afectan a todo el sistema. Y eso es preocupante, porque la crisis de la justicia no perjudica únicamente a jueces, fiscales o abogados; afecta, sobre todo, a millones de ciudadanos que esperan una respuesta oportuna, independiente y efectiva cuando acuden a los tribunales.

Lamentablemente, no basta con pronunciar discursos sobre la necesidad de transformar la justicia. El verdadero compromiso se demuestra cuando existen oportunidades concretas para impulsar cambios estructurales. Es precisamente en esos momentos donde las instituciones están llamadas a contribuir al debate y a la construcción de soluciones, no únicamente a resistirse a ellas.

Nuestra convicción permanece intacta. Seguiremos impulsando esta causa porque creemos que el acceso a una justicia eficiente, independiente y suficientemente financiada no constituye un privilegio institucional, sino un derecho de toda la ciudadanía y un presupuesto indispensable para la vigencia del Estado Constitucional de Derecho.

Les iré informando el desarrollo de este proceso.

16/07/2026

Quiero expresar mi sincero agradecimiento a la Asociación de Magistrados de Cochabamba por la amable invitación para participar en este importante espacio de actualización y diálogo jurídico.

Es un verdadero honor poder compartir con destacados profesionales y aportar, desde mi experiencia, al intercambio académico y al fortalecimiento de nuestra comunidad jurídica.

Aprovecho también la oportunidad para invitar a todas mis amigas y amigos de las redes a participar de este evento, que sin duda será una excelente ocasión para aprender, debatir y seguir construyendo una mejor justicia.

¡Muchas gracias por la confianza! Nos vemos en el evento.

Un importante y valioso espacio de diálogo jurídico y académico, compartiendo con destacados profesores a nivel nacional e internacional, que fortalece la formación continua, la excelencia profesional y el fortalecimiento del sistema de justicia. Quedan cordialmente invitados.

02/07/2026

📢 HEMOS PRESENTADO UNA ACCIÓN POPULAR EN DEFENSA DEL DERECHO DE TODA LA CIUDADANÍA A UNA JUSTICIA EFECTIVA

El día de hoy, junto a los colegas Alan Sillerico y Juan Carlos Camacho hemos presentado una Acción Popular ante la jurisdicción constitucional, con el propósito de que se proteja y garantice el derecho e interés colectivo de toda la población a contar con un sistema público de administración de justicia que disponga de las condiciones mínimas para cumplir las funciones que la Constitución le asigna.

Esta acción no ha sido promovida en representación del Órgano Judicial ni de ninguna institución pública, ni persigue intereses corporativos o sectoriales. La hemos presentado en nuestra condición de abogados litigantes y como integrantes de instituciones y redes académicas comprometidas con el fortalecimiento del Estado de Derecho y la mejora del sistema de justicia en Bolivia.

La preocupación que motiva esta iniciativa es sencilla y es la siguiente: cuando la justicia carece de jueces suficientes, fiscales, investigadores, peritos, infraestructura o tecnología, quienes resultan afectados no son únicamente las instituciones, sino toda la ciudadanía. La retardación de justicia, la demora en las investigaciones, la sobrecarga procesal y las limitaciones estructurales terminan debilitando la protección de los derechos fundamentales de todas las personas.

Por ello, en esta Acción Popular no estamos solicitando que un tribunal fije un determinado presupuesto ni sustituya las competencias del Órgano Ejecutivo o de la Asamblea Legislativa. Lo que se pide es que la jurisdicción constitucional declare que el Estado tiene el deber de garantizar las condiciones materiales necesarias para que el sistema de administración de justicia pueda funcionar de manera efectiva y proteger adecuadamente los derechos de la población.

Creo firmemente, como lo dije en un post anterior que fortalecer la justicia no es un interés de jueces o abogados; es un interés de toda la sociedad. Una justicia independiente, eficiente y con capacidad institucional es un pilar esencial de la democracia, la seguridad jurídica y la protección de los derechos humanos.

Les informaré sobre el desarrollo de esta iniciativa constitucional, convencido de que el debate sobre la justicia debe involucrar a toda la ciudadanía y contribuir a la construcción de instituciones más sólidas, transparentes y eficientes.

26/06/2026

La crisis de la justicia también tiene responsables: el abandono presupuestario del Estado.

En Bolivia llevamos años exigiendo una justicia más rápida, independiente y eficiente. Sin embargo, muy pocos hablan de una de las causas estructurales de su crisis: la ausencia de una verdadera política pública de financiamiento del sistema de justicia.

Mientras el discurso político promete seguridad, lucha contra la delincuencia y combate a la corrupción, el Órgano Judicial, Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Policía Boliviana, en sus funciones de investigación, continúan trabajando con presupuestos insuficientes, infraestructura precaria, escasez de personal, salarios bajos, limitada tecnología y enormes cargas procesales.

No existe una justicia eficiente cuando los jueces deben atender cientos de causas simultáneamente; cuando los fiscales investigan sin recursos; cuando la policía carece de los medios técnicos para realizar investigaciones oportunas; o cuando las víctimas y los ciudadanos deben esperar meses o años para obtener una respuesta del Estado.

Paradójicamente, Bolivia se encuentra entre los países que menos recursos públicos destinan a la administración de justicia, aunque constantemente se exige que produzca resultados extraordinarios.

La explicación parece sencilla: invertir en justicia no genera réditos electorales. Construir carreteras, entregar obras o financiar campañas produce fotografías y titulares. Asignar presupuesto al sistema de justicia no genera aplausos ni votos. Por eso, históricamente, la justicia ha quedado relegada frente a otras prioridades políticas.

Pero las consecuencias las pagamos todos. Sin presupuesto no hay independencia judicial efectiva. Sin presupuesto no hay investigaciones científicas. Sin presupuesto no hay acceso oportuno a la justicia. Sin presupuesto, el Estado termina vulnerando los derechos tanto de las víctimas como de las personas sometidas a un proceso.

Esta ya no debe ser únicamente la preocupación de jueces, fiscales, policías o abogados. Es una causa que nos involucra a todos quienes somos corresponsables de la administración de justicia y, sobre todo, a toda la ciudadanía, porque una justicia debilitada termina afectando la seguridad jurídica, la inversión, la economía y la confianza en las instituciones.

La reforma de la justicia no comenzará con nuevos discursos ni con más reformas legales. Comenzará el día en que el Estado decida que la justicia merece un presupuesto acorde a la importancia que tiene para una sociedad democrática.

Mientras eso no ocurra, seguiremos exigiendo resultados extraordinarios a un sistema al que, deliberadamente, se le niegan los recursos mínimos para funcionar.

La justicia no necesita más discursos. Necesita voluntad política y presupuesto.

19/06/2026

😂😘

13/06/2026

Sabías que la única forma de generar un control efectivo del contrainterrogatorio, solo es posible a través de las preguntas sugestivas? lamentablemente nuestra legislación penal lo prohíbe; por ello es que urgen modificaciones sustanciales a nuestros códigos y la cultura jurídica que tenemos.

30/05/2026