06/10/2026
El mármol de los tribunales siempre está frío, pero para quienes no tienen apellido, contactos ni poder, ese frío se siente como una condena previa.
En los pasillos judiciales hay un idioma que los de abajo conocen de memoria: el del trámite estancado, el del empleado que atiende sin levantar la vista de la pantalla, el del número de causa anotado en un papel arrugado que se deshace en el bolsillo. A esa ventanilla fue Jessica Verónica Mercado decenas de veces a rogar que no la dejaran morir. Y de esa misma ventanilla hoy echan a su madre, Sonia, con las manos vacías y la certeza atroz de que para los pobres la justicia sólo tiene migajas.
A Jessica no la mataron únicamente el día en que su femicida cumplió la amenaza y después se mató para cerrar el círculo del horror.
A Jessica la fueron matando de a poco a lo largo de meses, en cada comisaría donde le tomaron una exposición como quien anota un extravío, en cada fiscalía que cajoneó un informe de riesgo, en cada oficina estatal con carteles de protección a la mujer donde las empleadas conversaban sobre horarios mientras una piba contaba, con las manos temblorando, que la iban a matar. Cien veces fue a pedir auxilio. Cien veces el Estado le cerró la puerta en la cara, devolviéndola intacta a la boca del lobo.
En ese calvario no iba sola; iba con su mamá. Y en una de esas mañanas interminables, cuando la desesperación desbordaba la paciencia de los sellos y los formularios, una operadora del sistema judicial miró a Sonia desde arriba del mostrador y le clavó una orden que hoy quema la memoria como ácido:
Usted cállese, que usted no es la víctima.
Hay frases que definen a un sistema entero. Esa empleada no sólo mandó a callar a una madre: sintetizó la doctrina no escrita de una corporación que desprecia el dolor ajeno. Siete meses después, la víctima por la que pedían silencio está reducida a cenizas, y la que hoy sostiene los pedazos de esa casa destrozada es justamente Sonia. Ella, la que no tenía derecho a hablar, es la que hoy tiene que sentarse a la mesa a explicarles a tres chicos por qué su mamá no vuelve. Es la que tiene que estirar un sueldo miserable o una changa para que haya un plato de comida caliente, mientras los mismos organismos que dejaron a sus nietos huérfanos se borraron del mapa sin dejar una sola ración de leche ni una respuesta formal.
Tres chicos abandonados no por el destino, sino por la inoperancia criminal de un Estado que sólo sabe llegar tarde y con la cinta de peligro.
Hoy el femicida está mu**to y no hay condena penal posible contra él. Entonces, ¿por qué el expediente sigue bajo siete llaves?
Pasaron siete meses y el abogado de la familia todavía no puede acceder a las fojas completas. No es negligencia administrativa: es miedo. Tienen secuestrado el expediente porque ese legajo no es un trámite cualquiera; es la prueba material del abandono sistemático. Abrir ese expediente y entregarlo es exponer la cadena de mandos que le soltó la mano a Jessica.
Y en esa cadena de mandos, los responsables supieron cómo escapar a tiempo.
Cuando el escándalo y el hedor de la desidia amenazaron con hacer estallar la cúpula judicial, el entonces fiscal general Javier Vallejos no se quedó a dar explicaciones ni a poner la cara: huyó. Su renuncia no fue un acto de dignidad republicana, fue una fuga calculada por la puerta de servicio para eludir el banquillo del juicio político. Vallejos sabía que un jury ventilaba las negligencias, las órdenes nunca dadas y las denuncias que durmieron en los cajones mientras a una mujer la acorralaban. Prefirió escapar con el amparo del poder político, que le aceptó la dimisión a libro cerrado para blindarlo, salvarle la jubilación de privilegio y evitar que la mancha institucional salpicara más alto. Huyó un fiscal general para no responder por qué no cuidaron a Jessica.
Del otro lado, el pacto de silencio se disfrazó de promesa pública. La jueza Gabriela Asís miró a los micrófonos y se comprometió solemnemente ante la sociedad a dar los nombres y apellidos de todos los que fallaron: los secretarios que dilataron medidas, los fiscales que no actuaron con celeridad, los operadores que desestimaron el riesgo y mandaron a Jessica de vuelta con su agresor. Fue una promesa rimbombante para calmar la indignación social del momento.
Pasaron las semanas, pasaron siete meses, y la famosa lista de responsables jamás vio la luz. Asís calló, los nombres siguen guardados bajo llave y el sistema demostró una vez más que entre sus propios pasillos nadie se acusa. La promesa de la jueza se convirtió en otra farsa para ganar tiempo mientras el olvido hacía su trabajo.
Ahora asume Miguel Zárate al frente del Ministerio Público Fiscal, entre fotos protocolares, saludos de ocasión y discursos sobre la modernización de la justicia. Pero ninguna gestión nueva nace limpia si se sienta a gobernar sobre la alfombra que tapa la mugre de la anterior.
La pregunta que ningún acto oficial se atreve a responder es la que retumba en los barrios: ¿qué van a hacer con la huida de Vallejos y el silencio de Asís? ¿Va a seguir Zárate garantizando la impunidad corporativa de los funcionarios negligentes, o va a tener la decencia de romper el pacto, abrir el expediente y entregarle a una madre la verdad que le deben?
Sonia no tiene tiempo para especulaciones de palacio. Su vida se mide en el llanto nocturno de tres nietos huérfanos y en la bronca de saber que a su hija la condenaron en los mismos mostradores donde hoy le niegan un papel.
A Sonia le dijeron que se callara porque no era la víctima; hoy su silencio sería la victoria de los que dejaron morir a su hija y huyeron para no pagar el costo, y en cada hogar donde alguna vez se tuvo que tragar la humillación de una justicia sorda, hay alguien que sabe exactamente lo que pesa su dolor.
