El intento de restauración neoliberal apareja el desguace del Estado de Bienestar con la consecuente destrucción de las instituciones públicas. Las agencias gubernamentales en nuestro país configuran un aparato estatal más bien pequeño si lo comparamos con países de mayor desarrollo. Del mismo modo, la proporción de trabajadores del Estado es ínfima respecto a las necesidades que el Estado debe atender. No obstante, por razones estrictamente ideológicas reñidas con los tan preconizados objetivos de eficacia y eficiencia, se estigmatiza (explotando prejuicios aviesamente instalados) al trabajador del Estado para buscar paradójicamente el rechazo de la sociedad a la que él sirve. El clima corrosivo resultante es el retroceso de las conquistas sociales de la comunidad y la regresión distributiva, profundizando la concentración de riquezas y, en una economía dependiente como la nuestra, la transnacionalización del capital. Es por ello que atacan al Estado y así la agresión se dirige contra su sostén y fortaleza principal: el trabajador del sector público. Nuestra tarea es, en defensa del Estado de Derecho y con la vocación por la Justicia Social y la inclusión, salvaguardar los derechos de los trabajadores del Estado hoy vejatoriamente avasallados por esta agresión del capitalismo transnacional deshumanizante.
