27/09/2026
Christian es enfermero. Hace veinte años que sube a la misma ambulancia: el que llega cuando lo llamás.
Bajó trasladando un tubo de oxígeno, pisó mal el escalón y se cortó el tendón de Aquiles. Lo operaron, estuvo seis meses de licencia y el día del alta volvió a trabajar.
La Comisión Médica le puso 4,80% de incapacidad. Le midieron el tobillo a ojo, sin pedirle un solo estudio, y lo psicológico se lo rechazaron por escrito por «falta de respaldo documental».
Fuimos a juicio. El perito del tribunal le hizo los cuatro estudios que nadie le había pedido y de ahí surgió una lesión en un nervio del tobillo. Ganamos en primera instancia, pero la jueza borró esos cinco puntos con un argumento: que esa lesión no figuraba en el baremo.
Sí figuraba. Ese nervio tiene dos nombres: el perito lo escribió con uno, el baremo lo escribe con el otro. Apelamos con la página del baremo en la mano y la Cámara contestó que el recorte no tenía ningún fundamento médico, que era «una simple comparación semántica». Le devolvieron los cinco puntos: de 43,56% a 50,20%.
Cruzar el 50% no es un número más: activa el artículo 11 de la ley 24.557, una indemnización adicional que con el porcentaje de primera instancia no le correspondía.
Esos cinco puntos que peleamos en la Cámara le subieron la indemnización un 45,6%. Le habían ofrecido $1.410.338. Christian cobró $227.878.165.
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Recreación audiovisual de un caso real. Los documentos que se muestran son del expediente, con los datos personales tapados.
